Cazarabet conversa con... José
Gómez Alén, autor de “La abogacía española y
la lucha por una justicia democrática durante la dictadura franquista”
(Fundación Abogados de Atocha)
José Gómez Alén nos
acerca a cómo era, desde el mundo de los abogados, el luchar por “una justicia
democrática “en la larga y dilatada dictadura franquista…
La sinopsis de
este libro:
Este libro
reconstruye el largo camino de lucha por una justicia democrática en la que
confluyeron letrados de diferentes tendencias políticas e ideológicas que se
habían enfrentado en la Guerra Civil Un sector de la abogacía, que había
apoyado al ejército sublevado en 1936, despertó ante la realidad represiva de
un Régimen que chocaba frontalmente con el sentido ético de una profesión que
requería el respeto a los derechos individual.es y colectivos de las personas y
las garantías jurídico procesales contempladas en la Declaración de Derechos
Humanos que a diario conculcaba el Régimen que habían contribuido a fundar. Fue
en los años cincuenta cuando comenzaron a coincidir con los abogados de los
partidos políticos que clandestinamente habían reconstruido la conciencia
social y política republicana recluida en las cárceles franquistas y con los
restos de la abogacía que se había librado de la represión.
Los dos
colectivos caminaron juntos en la lucha por democratizar la administración de
Justicia desde el mensaje de unidad que emanaba de la política de
Reconciliación Nacional con su acento reivindicativo en la amnistía, las
libertades y la supresión de las jurisdicciones especiales. Letrados y abogadas
convirtieron esas reivindicaciones en el eje de una aspiración profesional y
política que plasmaron en los colegios de abogados para culminar en el
histórico IV Congreso de la Abogacía en 1970 y en los espacios judiciales
impuestos por la dictadura, donde defendieron unitariamente a todos los
procesados de la oposición clandestina.
EI trabajo
también aborda el protagonismo de una minoría de mujeres abogadas que
ejercieron una profesión considerada de hombres, en un mundo de hombres, pero
que fueron capaces de situarse en un plano de igualdad en los escenarios en los
que se producía la confrontación con las estructuras políticas y judiciales del
franquismo: magistraturas de Trabajo, el TOP o los colegios de abogados y sus
congresos. La represión que sufrieron aquellos hombres y mujeres de la abogacía
prueba la enorme generosidad social y profesional que aportaron a la lucha por
la recuperación de un Estado de Derecho en España.
El autor, José
Gómez Alén:
José Gómez Alén,
Catedrático de Historia de Enseñanza Media, orienta sus líneas de investigación
hacia la conflictividad laboral y el mundo del trabajo
durante el
franquismo.
Es autor de
numerosos trabajos en revistas, obras colectivas y libros como As Comisións
Obreiras de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo
(1995); Manuel Amor Deus. Unha biografía da resistencia obreira ao
franquismo (2Oo8) o Elvira e Fernando Xustiza, traballo e liberdade
(2015) y coautor de O dez de marzo. Unha data na historia (1997); Astilleros
en el Arco Atlántico. Trabajo, historia y patrimonio (2013); Abogados
contra el franquismo. Memoria de un compromiso político, 1939-1977 (2013); Cruz
76. Un despacho histórico de la abogacía democrática. Madrid, 1965-1977
(2016); Cristina, Manuela y Paca. Tres vidas cruzadas entre la justicia y el
compromiso (2017); Estado e industria. La construcción naval en
Argentina, Brasil, España y Portugal (2017) y Work, workers and labour
conflicts in the shipyard Bazan-Navantia, 1950-2014 en "Shipbuilding
and Ship Repair Workers Around the World. Case studies, 1950-2010"
(2017) y 10 de marzo. Un conflicto del movimiento obrero gallego por la
democracia (2022). Fue director del Archivo Histórico de CCOO de
Galicia/Fundación 10 de Marzo (1991-2005) y de la revista "DEZEME"
(2000-2006). Es miembro de la sección de Historia de la FIM y de la
coordinación de "Nuestra Historia".
Nosotros ya
mantuvimos un Conversa con… José Gómez Alén:
https://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/abogados.htm
Y hay otros
Conversa con… que, seguro, te pueden interesar:
https://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/abogadosatocha.htm
https://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/atocha.htm
La Wikipedia,
otros y la matanza de Atocha:
https://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_Atocha_de_1977
https://fundacionabogadosdeatocha.es/
https://www.publico.es/politica/matanza-atocha-crimen-plena-transicion.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=65078
Cazarabet
conversa con José Gómez Alén:
-José, ¿qué te ha llevado a escribir
este libro?;¿qué objetivos te planteabas con él y qué nueva mirada y desde qué
perspectiva le das a la abogacía y a su particular lucha por la democracia?
-Las
preguntas requieren hacer algo de historia y comenzar señalando que este
trabajo es la continuación de anteriores libros, que formaron parte de un
proyecto general de investigación desarrollado durante una década sobre la
“Abogacía democrática” y su lucha contra la dictadura y que coordiné junto al
historiador asturiano Rubén Vega. En el proyecto colaboraron entonces 24
historiadores de las diferentes comunidades autónomas y como resultado se
publicaron 6 libros y ya en 2007 un CD con todas las sentencias del Tribunal de
Orden Público. En conjunto se rastrearon todo tipo de fuentes documentales
asentadas en los archivos disponibles; sistematizamos su contenido en dos
densos volúmenes (2010 y 2011) que con más 1600 páginas los historiadores e
investigadores pudieron y pueden utilizar como referencia documental para hacer
frente a nuevos estudios generales o por comunidades autónomas y seguir
aportando más conocimiento histórico a la sociedad sobre la importancia de este
sector profesional en la lucha por una justicia democrática. Los volúmenes
incluían una sistematización temática del testimonio de sesenta abogados
entrevistados en toda España y nos permitieron presentar 23 biografías de
algunos de los letrados más destacados en la lucha por las libertades y por una
justicia democrática durante la dictadura.
Posteriormente
publicamos un estudio general, “Abogados contra el franquismo…”, ya comentado
en Cazarabet en el 2013; un estudio sobre el despacho histórico de la calle
Cruz 16 de Madrid (2015), donde desde 1965 hasta finales de los años setenta se
formarían abogados laboralistas de diferentes generaciones; un libro sobre los
abogados Elvira Landín y Fernando Randulfe (2015) que trabajaron en Cruz 16 en
el segundo lustro de los años sesenta y crearon en 1971 el histórico despacho
laboralista de Vigo y finalmente una biografía conjunta de Cristiana Almeida,
Manuela Carmela y Paca Sauquillo (2017), cuyo contenido se recoge
sintéticamente en la reciente serie de TVE, “Las abogadas”.
Sin
embargo, a pesar de ese bagaje de conocimiento histórico y de otros trabajos
que sobre diferentes aspectos fueron apareciendo en diversas comunidades
autónomas, personalmente era consciente de que algunas cuestiones necesitaban
una mayor profundización o no las habíamos abordado. Es cierto que algunos
fondos documentales no estaban aún a nuestra disposición y eso dificultaba
atender a las cuestiones pendientes. La recuperación de ayudas a la
investigación relacionadas con la Memoria Democrática, me aminó en 2023,
después de más de un lustro trabajando sobre otros temas, a presentar bajo el
amparo institucional de la Fundación Abogados de Atocha, un proyecto que fue
muy bien valorado por la comisión correspondiente y me permitió retomar esa
línea de investigación para hacer frente a los aspectos que entendía requerían
atención historiográfica.
Por
lo tanto, los objetivos que me planteaba con este libro estaban orientados a
estudiar los vacíos que no habíamos cubierto anteriormente; y así aportar más
conocimiento para contribuir a la recuperación y difusión de la memoria
colectiva de un sector de la abogacía, numéricamente poco importante, pero
imprescindible para las luchas de otros sectores sociales y valorar con ello el
alcance del extraordinario papel que jugaron para la recuperación de la
democracia. En ese sentido, el objetivo principal era tratar de explicar los
rasgos del proceso que había llevado a un sector de la abogacía española a
imponer democráticamente sus propuestas, consideradas subversivas, frente a
todo el aparato político y jurídico de la dictadura en el histórico IV Congreso
de la Abogacía Española de León.
Para
resolver historiográficamente las preguntas que me había planteado, tenía que
partir desde el principio e ir a la guerra civil y a la inmediata posguerra
para entender ¿cómo, desde las cenizas de la Guerra Civil, pudo emerger una
conciencia democrática y defensora de los derechos humanos, entre un sector de
los abogados que había luchado en el bando sublevado y en una profesión tan
conservadora como el de la abogacía y en el que la minoría democrática y
republicana había sufrido la depuración y represión de la posguerra?. Esa
primera pregunta llevaba a una segunda que suponía recorrer los escenarios
donde se desarrolló ese proceso que uniría bajo unos objetivos comunes a aquel
sector minoritario de los abogados vencedores de la guerra con el también sector
minoritario que representarían los vencidos que saldrían de las cárceles
durante las dos primeras décadas de la dictadura y a los que se unirían las
nuevas generaciones de letrados y abogadas que comenzaron a licenciarse a
mediados de los años sesenta. ¿Qué había ocurrido para que confluyeran ambos
sectores en la reconstrucción de la lógica democrática en un largo proceso que
los conduciría al ya citado histórico congreso de 1970 en el que fueron capaces
de derrotar democráticamente las posiciones del aparato político de la abogacía
española, ligado directamente con el aparato judicial de la dictadura, que, a
su vez, constituía el eje sobre el que giraba todo el aparato represivo del
franquismo?
A
partir de todas las ramificaciones que presentaba aquel largo camino era
imprescindible entrar en los debates y votaciones del Congreso de León, hasta
donde lo permitiera la documentación accesible y posteriormente en las
consecuencias de todo tipo que se desprendieron de las propuestas aprobadas y
del significado político para la abogacía española en el camino de la
democratización de su organización y la de justicia. En conjunto esa es la
perspectiva que trato de darle al papel de la abogacía democrática española y
en la consecución de sus reivindicaciones, que conectaban con las que también
demandaba la oposición democrática, esta de manera clandestina claro.
-Comentas, cuentas—respaldado todo por
tu investigación y documentación—que había como dos sectores: los abogados más
conservadores que ya por motivos éticos estaban cansados de “tener que tragar y
convivir” con la represión franquista y los más progresistas que, por supuesto,
y por muchos motivos incluso desde la abogacía intentaban que la dictadura con
su represión se fuese mermando…coméntanos por favor...
-Ese
sector conservador que mencionas, era un pequeño núcleo de abogados, que en el
momento del golpe de estado del 36 se pusieron al lado del ejercito sublevado
contra la legalidad republicana y la Constitución de 1931. Incluso algunos de
ellos participaron o era conocedores de la inminencia de la sublevación de
julio de 1936. Se trataba de algunos abogados de tendencias monárquico
liberales y democristianos, que ya después de la primera década de posguerra
comprendieron que el general Franco había dado forma a una terrible dictadura,
sostenida en el poder militar y la represión y que la posibilidad de la
restauración monárquica era inexistente. Además, durante la década de los
cuarenta, la creación de nuevas jurisdicciones especiales y la aplicación de la
jurisdicción militar, como si no hubiera acabado la guerra, tenía el objetivo
de facilitar la tarea de eliminar cualquier síntoma de protesta o desafección
social y esas jurisdicciones encontraron un incipiente rechazo en aquel sector.
La jurisdicción militar y los consejos de guerra permitieron continuar dictando
sentencia de muerte y ejecuciones de miles de republicanos de todo color
político, sin ningún tipo de garantías procesales para su defensa, lo que era
muy difícil de ocultar ante ese muy minoritario sector de la abogacía, que aun
mantenía una conciencia ética profesional y una sensibilidad en la defensa de
los derechos humanos que a diario conculcaba el Régimen en las magistraturas o
en los consejos de guerra sumarísimos que seguían dictando condenas de muerte
durante esa década.
Por
otro lado, para ejercer la profesión debían integrarse obligatoriamente en los
colegios de abogados, después de pasar un proceso de depuración, tratado en
profundidad en el libro. Así pasaban a formar parte de una estructura
profesional muy centralizada y controlada desde el Ministerio de Justicia a
través del Consejo General de la Abogacía, cuyo presidente era a la vez el
Decano del Colegio de Madrid. Hay que tener en cuenta que la sede del Tribunal
Supremo era también la sede del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo
General de la Abogacía y que su presidente tenía hilo directo con el ministro y
con el Jefe del Estado. Y fue en el seno de esas instituciones donde surgieron
las contradicciones que terminaron por saltar en los diferentes escenarios de
actividad de los abogados y con ello a chocar con la administración de justicia
y con el Régimen.
-¿En qué momento
y por qué estos dos grupos se unen para luchar contra el franquismo y alcanzar
un estado democrático?
-Ese
momento comenzó a hacerse presente en los años cincuenta, cuando fraguo en algo
concreto, tanto desde el punto de vista organizativo como “programático”. Fue
un proceso en el que confluyeron varias propuestas e ideas en varios momentos.
En el primer lustro de esa década, en el Colegio de Madrid, y en mucha menor
medida en otros, comenzaba a convivir en
el mismo espacio colegial, ese sector minoritario de abogados políticamente
conservadores que habían estado en el bando sublevado, con los abogados comunistas
y socialistas que salían de las cárceles y con algunos jóvenes formados en la
universidad en el segundo lustro de los años cuarenta y en los primeros
cincuenta y, a pesar de que unos y otros aún estaba condicionados por la
posición que personalmente o familiarmente habían asumido durante los tres años
de la Guerra Civil, por diferentes motivos esos dos pequeños colectivos
mantenía planteamientos similares respecto a las jurisdicciones especiales y a
la organización colegial. Fue así como, sin mucha organización confluirían en
el III Congreso de la Abogacía Española celebrado en Valencia en 1954 donde
sorprendieron a los letrados y jerarcas del Régimen y consiguieron aprobar unas
resoluciones que anticipan lo que ocurriría en las décadas siguientes. En una
segunda fase, ya en la segunda mitad de los años cincuenta, las diferentes
tendencias ideológicas lograron formalizar grupos organizados de socialistas,
comunista y democristianos.
-¿Cómo se
organizaron los diferentes “bandos de abogados”—perdona que utilice tanto la
denominación “bando” - frente a la dictadura?
-Durante
la segunda mitad de los años cincuenta comenzaron a organizarse por tendencias
ideológicas, En el Colegio de Abogados de Madrid, los letrados del PCE formaron
varias células que incluso se reunían dentro en las dependencias colegiales;
los socialistas crearon el Secretariado de Abogado de la UGT y los
democristianos de la Unión Española formaba otro grupo organizado. El PCE que
aprobó la política de Reconciliación Nacional en 1956, proponía la confluencia
unitaria con todos los sectores políticos en torno a tres ejes programáticos:
la amnistía para todos los presos y exiliados; la supresión de las
jurisdicciones especiales y la recuperación de las libertades democráticas y
para formalizar la unidad de acción entre la abogacía crearon la Unión de Abogados
Jóvenes donde terminarían confluyendo los tres sectores políticos.
A
partir de los años sesenta, si bien continuaron formando parte de una renovada
Asociación de Jóvenes Abogados, mantuvieron sus propias grupos; con algunas
diferencias, pero actuando unitariamente en el ámbito colegial; en los
tribunales de justicia cuando la defensa procesal lo requería en los consejos
de guerra o desde 1963 en el Tribunal de Orden Público, donde letrados democristianos, monárquicos, socialistas y
comunistas, defendían a obreros, estudiantes y profesionales diversos
antifranquistas que lo necesitaban. Y esa unidad de acción también la
trasladaban al ámbito colegial donde defendían su democratización, lo que se
traducía en candidaturas unitarias apoyados por todos los sectores cuando había
que elegir decano y junta de gobierno o para oponerse a los proyectos
legislativos del Ministerio de Justicia.
-¿La práctica de la abogacía
laboralista era de las que más “notaban, veían y sentían” que la sombra de la
represión de la larga dictadura franquista era alargada?
-Si,
hay que tener en cuenta que el Régimen rechazaba y prohibía cualquier
manifestación o simple reclamación con contenido de clase en el ámbito laboral
o de carácter salarial de ningún tipo, lo que era motivo de represión. Durante
las primeras décadas solamente se permitían las reclamaciones de carácter
individual y siempre tramitadas hacia las magistraturas de trabajo y
canalizadas por los abogados de la Organización Sindical Española donde estaba
obligatoriamente encuadrados empresarios y trabajadores y cuyo objetivo
principal era precisamente controlar ideológica y socialmente a los
trabajadores. Por lo tanto, los primeros abogados con conciencia social fueron
los que se dedicaron a orientar y defender las reclamaciones de los
trabajadores que acudían a ellos para liberarse de la tutela de los letrados
falangistas que pertenecían al llamado “Sindicato Vertical”. Unos ya
pertenecían a la oposición, pero una minoría se vieron frente a un modelo que
habían contribuido a crear y comprendieron la situación de indefensión de los
trabajadores ante las magistraturas de trabajo y así surgirían los primeros
despachos laboralistas. Además, aquellos letrados también eran conscientes de
la conculcación de derechos y garantías de defensa procesal cuando los
militantes de la oposición se veían sometidos a los consejos de guerra no
sumarísimos en los que podían participar como defensores o asesores de las
defensas.
De todas maneras,
el “poder judicial”, la judicatura, siempre ha jugado y juega un papel muy
vinculado, quizás demasiado al poder político…de manera que ni era y me da que
ni estaba ni está separado… ¿Hay demasiada permeabilidad entre esos dos
poderes…?;¿qué te parece, a ti, como historiador?:
-En
el caso que nos ocupa que es el de la dictadura franquista, eso es así. Los
tres poderes públicos residían en el jefe del Estado, el dictador. El poder
judicial y por lo tanto todas las instancias judiciales de las jurisdicciones
especiales con sus jueces magistrados eran nombrados directamente por el
ministro de Justicia y estaban al servicio de la dictadura, constituían el eje
fundamental sobre el que giraba todo el aparato represivo del Régimen
franquista. Sobre lo que planteas de la permeabilidad entre los poderes, en
teoría, los sistemas democrático liberales contemplan la división y la
independencia de los poderes públicos y las constituciones, como en nuestro
caso, la del 1978 sancionan esa independencia y separación entre el poder
ejecutivo y el judicial. El problema es que esos dos poderes aparecen
excesivamente ligados por la forma en que se eligen a los miembros del Consejo
de Poder Judicial y eso genera disfunciones y un funcionamiento muy errático y
politizado del ese poder, que se traslada a las diversas instancias del sistema
judicial. En la actualidad estamos viviendo una etapa en la que desde
diferentes sectores se hace una utilización política de esas instancias
judiciales y así podemos ver cómo se inician autos de procesamiento sin pruebas
sólidas que los justifiquen y que responden más a intereses políticos
determinados y, en ocasiones, sin posibilidad de que lleguen a algo sancionador
que no sea desgastar o destruir políticamente al investigado o juzgado,
podríamos mencionar ejemplos de esto y acabamos de asistir al último. Esos
autos de procesamiento deberían ser sobreseídos por falta de pruebas sólidas,
antes de llegar a un juicio. En este momento en España, la incoación de un auto
y su deriva depende de los jueces y de algunas instancias. La situación actual
de judicialización de la vida política con el proceso contra el fiscal general
de estado y el adelantamiento de la sentencia de condena, sin dar a conocer el
contenido de su argumentación, es una demostración del funcionamiento y los
intereses políticos del tribunal y de que el poder judicial necesita una
reforma en profundidad que abarque desde la formación de los jueces y la
Escuela Judicial, hasta las formas de elección de magistrados para el Consejo
General del Poder Judicial, cuyo presidente lo es además del Tribunal Supremo.
Un ejemplo de esto es que el Consejo se renueva cada cinco años y toda la
organización depende de este órgano: el nombramiento del presidente y los
magistrados del Tribunal Supremo; los presidentes de Tribunales y Salas;
magistrados del Tribunal Constitucional; la organización y dirección de la
Escuela Judicial, cuya última reforma tiene ya casi treinta años y, otras
muchas funciones. Ese órgano ha estado sin renovarse durante cinco años y sus
miembros se mantuvieron esos años desde la finalización de su mandato, lo que
obligó a las Cortes en el 2021 a despojarle de la capacidad de realizar
nombramientos cuando estaba en una situación de interinidad. Hemos vivido una
experiencia absolutamente impresentable e impensable para cualquier país
democrático, pues su renovación estuvo políticamente bloqueada. Y que sus
miembros no hubieran dimitido para forzar su renovación es una muestra más del
tipo de algunos de los magistrados que pululan por el aparato judicial. Y,
últimamente, durante el proceso ya citado, ha sucedido algo que era habitual
durante la dictadura: que el tribunal no aceptaba el testimonio de los testigos
de la defensa o ponía en duda la verosimilitud de sus declaraciones y se
juzgaba y condenaba, como ahora, sin pruebas sólidas contrastadas
documentalmente, lo que no necesita comentario sobre el significado de esta
actitud.
Durante
la dictadura franquista, el poder judicial dependía directamente del dictador,
el general Franco, que utilizaba al ministro de Justicia de turno como el
principal instrumento de control de toda la administración de justicia y a la
organización de la abogacía, también centralizada y rígidamente controlada por
el Ministerio de Justicia desde el Consejo General de la Abogacía, cuyo
presidente era el decano del Colegio de Abogados de Madrid y desde ahí a toda
la abogacía encuadrada en los restantes colegios. En consecuencia, toda la
administración de Justicia dependía de la autoridad del Jefe del Estado y el
poder judicial se sometía a sus decisiones represivas.
-¿Hay demasiada permeabilidad entre
esos dos poderes…?;¿qué te parece, a ti, como historiador?; Que la judicatura
sea tanta noticia de confrontación en el presente con el poder ejecutivo y el
legislativo, ¿es en gran medida herencia de aquellas prácticas heredadas del
franquismo?
-En
la actualidad hay muchos problemas relacionados con el poder judicial, su
independencia y su funcionamiento, que requieren un profunda revisión y
reorganización que debería partir ya del mismo modelo de formación de jueces y
fiscales y del funcionamiento de la Escuela Judicial. No soy un experto en el
tema, pero hay jueces y ex fiscales, que han estado en diferentes órganos del
poder judicial y que, en el pasado a comienzos de los años setenta, en plena
dictadura formaron parte del movimiento de jueces, fiscales y secretarios
judiciales, que se llamaba Justicia Democrática y que, ya entonces planteaban
una crítica al sistema judicial y proponían reformas en profundidad. Esos ex
miembros de la judicatura llevan años cuestionando el actual modelo que genera las
disfunciones actuales y vienen propugnando serias críticas y la necesidad de
una reforma en profundidad. En mi trabajo hay una breve referencia a aquel
movimiento y nuestro conocimiento sobre ellos aún es insuficiente y se
necesitaría un trato historiográfico en profundidad que recupera la memoria
histórica de su aportación a la conquista de una justicia democrática.
En
mi opinión, creo que, si existe esa permeabilidad y utilización política de la
judicatura y es en parte una herencia del franquismo, y la confrontación que
mencionas es utilizada por los sectores políticos que defienden con claridad o
de manera más subliminal el pasado del régimen franquista y tratan de blanquear
la dictadura. Además, uno de los déficits del proceso democratizador que
culminó con la Constitución, es que es el poder que no sufrió ninguna reforma
en profundidad. Una gran parte de la estructura judicial se mantuvo y los
magistrados que formaban parte de las ya citadas jurisdicciones especiales, por
ejemplo, el TOP y las magistraturas de trabajo, donde conculcaban
conscientemente los derechos procesales de defensores y defendidos, condenaban
a años de cárcel y despedían a los trabajares sin pruebas; expulsaban de la
sala a sus abogados defensores; rechazaban testigos de la defensa y conculcaban
los derechos de defensa procesal y los derechos individuales de las personas,
Aquellos magistrados continuaron promocionando en la carrera judicial y el
poder judicial como institución no pidió excusas o perdón, por su colaboración
con la dictadura y como protagonistas de la represión durante cuarenta años, como
sí ocurrió, sin embargo, en otros países como Chile y eso es lo menos que como
institución debería haber asumido públicamente.
-¿Qué tipos de
represión podían sufrir los abogados y las abogadas en el ejercicio de su
profesión?, me refiero a la considerada “legal” porque me imagino que habría
“otros tipos de intimidaciones”. Coméntanos, por favor…
-Los
abogados estaban sometidos al mismo tipo de represión que el resto de los
ciudadanos que estaban comprometidos con la oposición democrática clandestina o
cuando participan en actividades consideradas delictivas por alteración del
orden público o por colaboración con aquella oposición o mostraban públicamente
su desafección al régimen. Por ello sufrieron diversas formas de represión
desde el mismo final de la guerra. Como se puede seguir por mi trabajo, los
abogados republicanos primero fueron depurados y expulsados de la profesión y
de los colegios profesionales y los que sobrevivieron unos lograron exiliarse y
otros fueron encarcelados durante años.
Posteriormente,
cuando comenzaron a articularse políticamente, la también los alcanzó la
represión y se ejerció en formas diferentes según el
grupo político al que pertenecían y así también era considerada la
gravedad del delito: los democristianos y monárquico que participaron en el
llamado “contubernio” de Múnich en 1962 fueron
desterrados a diversas provincias de España y algunos multados y
detenidos; hubo letrados socialistas
detenidos y algunos abogados comunistas fueron sometidos a consejos de guerra o
ya en los años sesenta y primeros setenta fueron juzgados en el TOP hasta el mismo año de la muerte del dictador.
Evidentemente, como otros ciudadanos, sus despachos fueron vigilados por la
Brigada Político Social; eran amenazados por la policía y la extrema derecha y
desde el poder se facilitaban esas amenazas que continuaron incluso después de
los asesinatos del despacho de Atocha 55 en enero de 1977. En el libro, aunque
tuve que reducir algunos capítulos como en ese caso, hay referencias
suficientes que complementan lo que ya aportamos en las publicaciones
anteriormente citadas.
-¿Hubo ejemplos de complicidad y
solidaridad entre abogados, aunque estuviesen en “bandos diferentes”? y ¿Cómo
eran esas muestras de complicidad?
-Como
ya he mencionado, en este sector profesional hubo una unidad de acción y
solidaridad que iba más allá de sus diferencias políticas e ideológicas y que
se evidenciaba siempre cuando la represión se abatía sobre ellos o cuando
surgían algunos problemas de igual forma que ocurría entre la clase obrera. Hay
ejemplos suficientes en el libro para entenderlo. Desde los años cincuenta,
cuando ya la unidad de acción era una evidencia, la solidaridad se manifestaba
en las detenciones de abogados y los procesos judiciales contra ellos y en
otras situaciones. En el trabajo me detengo en algunos de los conflictos más
relevantes, como podrán leer los interesados en el tema. Podemos encontrar que
abogados de diferente ideología también apoyaban las solicitudes de colegiación,
un requisito exigido en los primeros tiempos. Lo mismo ocurría con las
detenciones, generalmente de comunistas y rápidamente se interesaban por la
situación del letrado detenido y por la que quedaba su familia. Algunos
compañeros colegiados acudían a la cárcel, promovían que el colegio ayudase
económicamente a la mujer y los hijos, incluso en algún caso se decidió la
compra de juguetes por Navidad, además de ponerse a disposición para su
defensa, como ocurrió con la detención y el consejo de guerra contra Gregorio
Ortiz Ricol. Muestras similares se produjeron con los desterrados después del
“contubernio” de Múnich.
Y después de la
dictadura, ¿qué?, porque es de suponer que algunas relaciones humanas duraron
más allá de aquellos tiempos de represión y dictadura, ¿es así?…
-Es
cierto que se mantuvo el respeto y seguramente las muestras de amistad por las
experiencias vividas entre aquellos veteranos. Además, lo ocurrido en 1977 en
el despacho de Atocha, poco antes de las primeras elecciones democráticas
potenció las muestras de solidaridad recibidas por los abogados del PCE o con
la capilla ardiente en el colegio de Madrid fueron ejemplos de esa actitud y
eso a pesar de que ya estaban definidas las diferentes posiciones políticas de
todos los letrados que se habían destacado durante la dictadura.
-¿Y cómo fueron
las primeras andanzas de ambos sectores de la abogacía en la recién estrenada
democracia?
-Bueno,
el estudio no se prolonga más allá de 1977, pero podemos avanzar algunos datos
sobre la andadura política de los protagonistas de esta historia después de la
dictadura. Durante la transición la mayoría de aquellos abogados mantuvieron la
militancia de origen en los partidos políticos y se integraron en las nuevas
formaciones y algunos tuvieron un papel destacado como disputados e incluso
ministros; otros se centraron en el ejercicio de la abogacía y casi todos se
situaron políticamente en partidos que se correspondían con los dos grandes
sectores ideológicos que protagonizaron esta historia: los democristianos que
pertenecían a Unión Española se integraron mayoritariamente en la UCD, con
algunas excepciones como Gregorio Peces Barba, Félix Pons y algún otro que
terminaron en el PSOE o Jaime Miralles que terminaría formando parte de
Izquierda Unida. El sector que conformaban comunistas, socialistas y abogados
de otros grupos como la ORT, permanecieron en los partidos en los que militaron
durante la clandestinidad y, posteriormente, algunos terminaron pasando
temporalmente al PSOE. Mi idea inicial era incluir una breve referencia sobre
la evolución de los letrados más destacados en esta historia, aunque fuera solo
con unas notas a pie de página, pero la excesiva extensión del trabajo me forzó
a suprimir esas notas.
-Sigo con la pregunta anterior:
seguramente que aquí se formaron como dos sectores: los que venían “como más de
familia” de la judicatura dentro del franquismo , aunque se habían separado de
las prácticas represoras del régimen y que, después, una vez llegada la
transición y la democracia se debieron
“como atrincherar detrás de cierto estatus” con los gabinetes de abogados de
cierto nivel y para ciertos bolsillos” y los más de ideología progresista o
claramente de izquierdas que se constituyeron bien “por libre” o “tipo cooperativa”, más independientes y, por
supuesto, mucho más modestos…¿es así?;¿qué nos puedes contar?.
-La
democracia, como ya he señalado devolvió a muchos de los abogados a su
profesión, incluso lo que tuvieron cargos de responsabilidad política como
ministros o diputados lo hicieron después de un tiempo, otros terminaron siendo
profesores universitarios o asumieron cargos en el poder judicial, actividades
que compaginaron en algunos casos con su dedicación a la actividad política. En
el caso del sector más numeroso, el de los militantes comunistas, que tenían
una intensa dedicación al laboralismo y a los procesos en el TOP, después de un
debate interno, optaron por diferentes caminos: en unos casos, se convirtieron
en abogados de Comisiones Obreras; otros abandonaron la abogacía y se
orientaron hacia la enseñanza, a la administración del estado o accedieron a la
judicatura, opositando como Manuel
Carmena o por el 4º turno como Juan José del Águila y otros mantuvieron sus
despachos independientes dedicados al laboralismo y otras áreas de trabajo,
como Cristina Almeida que crearía un despacho de mujeres donde atendían todo
tipo de asuntos relacionado con los derechos de la mujer y otros mantuvieron despachos que alcanzaron
notoriedad y entre los más jóvenes, licenciados durante la transición, aún se
dedican en la actualidad a ejercer la abogacía en su despachos.
-Fricciones y
puntos de encuentro los debió de haber siempre más que nada entre estos dos
grupos de acción de abogados contra la represión franquista, pero pesaba más el
ánimo de cambiar las cosas y acabar con la represión, ¿no? -También había
diferencias entre los sectores más progresistas, ¿no?; ¿qué nos puedes
explicar?
-Si,
siempre en un colectivo en el que hay diferencias ideológicas importantes hay
diferentes formas de entender los problemas y diferentes estrategias y tácticas
para enfrentarse a ellos y defender sus reivindicaciones, pero en general, este
sector profesional encontró puntos programáticos que los mantenían unidos por
encima de sus diferencias como eran la amnistía, la supresión de todas las
jurisdicciones especiales y la defensa de los derechos y las garantías de
defensa procesal o los derechos de los presos políticos para lo que
reivindicaban un Estatuto del Preso Político. En esos puntos estaban totalmente
de acuerdo, por lo tanto, nunca se produjeron fricciones entre ellos cuando se
enfrentaban a la dictadura y luchaban por un estado de derecho. El único
momento en que podía haber diferencias, era cuando se formaban candidaturas
unitarias para la elección del decano y la junta de gobierno de los colegios,
sobre todo en el de Madrid, y en ese momento, los que podían manifestar algún
desacuerdo eran los militantes del Partido Comunista, porque generalmente nunca
se incluía a ninguno de sus miembros en la candidatura. Sin embargo, todo ellos
la apoyaban y la votaban a pesar de que las candidaturas las decidían los
letrados monárquicos y sobre todo algunos socialistas muy reticentes a incluir
a los comunistas.
Solamente
a finales de los años cincuenta y primeros sesenta, en el sector de los
socialistas hubo algunas diferencias internas, porque algunos abogados eran
partidarios de colaborar con los comunistas y sus tácticas unitarias,
estrategia que rechazaba la dirección del PSOE en el exterior, y con las que,
sin embargo, estaban de acuerdo algunos letrados como José Federico de
Carvajal, lo que provocaría una crisis en el colectivo socialista y la
desintegración del Secretariado de Abogados de UGT.
-¿Por qué esto
todavía no se cuenta bien en cuanto repasamos la historia más reciente y por
qué crees que “cuesta tanto” hacerlo?;¿no conviene que ciertas partes de
nuestra historia se conozca demasiado por eso en los libros de texto siempre se
pone en los últimos temas a los que es difícil llegar?
-Yo
pienso que esto no es del todo exacto o por lo menos no lo era cuando estaba en
activo. Hace 18 años, era catedrático de historia en la enseñanza media y mi
experiencia es que los alumnos recibían la enseñanza sobre la guerra civil, el
franquismo y la transición a la democracia, pues formaban parte de los
programas de estudio con todos los aspectos que comprendían esas etapas
históricas y la profundidad con la que se trataban dependía del nivel educativo
y de que los programas se cumplieran y esta era una cuestión que dependía de
los profesores y los centros de enseñanza. Quiero suponer que esto sigue más o
menos igual, aunque dependerá de cada comunidad autónoma y de sus competencias
en la materia. Sé que la historia contemporánea de España se trabaja con
profundidad en las diferentes disciplinas y titulaciones en el nivel
universitario. Cuando yo estaba en activo, en el nivel de la enseñanza media,
los estudiantes de 3º de BUP tenían Historia de España que desde la antigüedad
llegaba hasta la transición y la constitución de 1978 y también hubo una
asignatura de Historia Contemporánea en 2º de Bachillerato de la que tenían que
examinarse en la selectividad y evidentemente la Guerra Civil; la dictadura
franquista y la transición eran parte importante de la materia, por lo tanto la
dictadura con sus etapas o la oposición y la represión era objeto de estudio y
de examen y en los exámenes de selectividad en Galicia, salían textos para
comentar y preguntas que obligaban a los profesores a llegar hasta el final del
programa y a los alumnos a estudiar esos temas. Los coordinadores de lo que
entonces era el COU primero y después el 2º de bachillerato garantizaban que en
las dos opciones a elegir hubiera comentarios de texto y preguntas del siglo
XIX y del XX hasta el final. Ese planteamiento llevaba a los profesores a tener
que explicar todo el programa. Esto fue
así y de eso tengo evidencias pues yo formaba parte del seminario permanente de
la coordinación del COU.
En
la actualidad alejado de los programas y de los libros de texto, no sé lo que
ocurre en los centros de los diferentes niveles educativos, pero algo similar
garantizaría que los estudiantes pudieran conocer lo fundamental de nuestra
historia más reciente y lo importante que fue la lucha por la recuperación de
la democracia y la dureza de la represión franquista desde la posguerra hasta
la Constitución de 1978, lo que permitiría a los estudiantes valorar lo que
significó esa recuperación.
-La abogacía, de un bando u otro, que
luchó contra la dictadura y la represión, ¿qué deberían hacer para evidenciar
más el trabajo sumergido—o no-- que realizaron? Lo que más se recuerda, por
desgracia, es la matanza de los abogados de la Calle Atocha de Madrid, aquello
marcó un antes y un después, ¿no?, coméntanos…
-El
atentado terrorista de carácter fascista realizado contra los abogados del
despacho de Atocha 55, fue el momento más grave sufrido por la abogacía
española y vivido en España durante la década de los setenta. Fue un atentado
meditado y dirigido contra los defensores de la oposición política democrática
y para tratar de quebrar la marcha hacia la democracia como parte de lo que se
llamó entonces la estrategia de la tensión que emanaba de los inmovilistas del
régimen. Y nada fue ya igual. Primero por la solidaridad hacia el sector que
sufrió el atentado y el apoyo y la solidaridad ciudadana y política con el PCE
y las Comisiones Obreras, que eran las organizaciones en las que militaban
aquellos letrados. Hay que tener en cuenta que el PCE aún era ilegal y después
porque el atentado y los asesinatos no consiguieron frenar la marcha hacia la
democracia. Los cadáveres fueron velados en el Colegio de Abogados de Madrid,
sede también del Tribunal Supremo y a pesar de la oposición del ministro Martin
Villa que no garantizaba el orden público, el cortejo fúnebre que recorrió
Madrid para despedirlos fue un ejemplo de la capacidad de organización y
responsabilidad del PCE y de la actitud de sus militantes que garantizaron el
orden de un cortejo con más de 300.000 madrileños despidiendo a los abogados.
Aquel entierro supuso también la verdadera legalización del PCE en las calles
de Madrid y de toda España y la marcha ya imparable hacia la democracia y sus
primeras elecciones que terminarían siendo constituyentes. En realidad, hoy la
memoria de los abogados de Atocha es un símbolo de la lucha por las libertades
democráticas.
En
la actualidad con los movimientos de recuperación de la memoria colectiva, mi
opinión es que debería promoverse un mayor esfuerzo en la recuperación de la
aportación de este sector de la abogacía a la consecución de un estado de
derecho. En el libro dedico un capítulo a la construcción y difusión de esta
memoria, reconociendo lo que en este sentido han realizado algunas
instituciones que dedican su actividad a esa tarea, como la Fundación Abogados
de Atocha, que acogió sin reservas nuestro proyecto que precisamente se
planteaba poner en primer plano la importancia de aquellos abogados que iba
mucho más allá de la defensa procesal en las magistraturas, el TOP o los
consejos de guerra, y lo que nos empujaba a esa investigación era nuestra
percepción como historiadores de esa importancia y sobre todo la insistencia
que me hacían algunos amigos personales, defendidos ante el TOP por esos
abogados. También otras organizaciones sindicales, memorialistas y algún
colegio profesional han promovido homenajes y la dedicación de calles y plazas
en las ciudades a los abogados de Atocha y a otros o los recuerdan con diversas
muestras de memoria como se puede comprobar en algunas comunidades autónomas.
Pero en mi opinión, hay que ir más allá de esas iniciativas y deberían partir
de los colegios de abogados con la formación de comisiones de memoria, ya hay
una en el colegio de Barcelona. También las facultades de derecho donde
estudiaron y, sobre todo desde las instituciones del estado. Pienso que son
merecedores de algo más que lo ya realizado en el Congreso de los diputados en
1987, cuando se organizaron unas jornadas al cumplirse diez años de la
supresión del Tribunal de Orden Público. En el libro avanzo algunas propuestas
sobre esa cuestión y acerca de la necesidad de que este sector de la abogacía
disponga de sus propios lugares de memoria, como pueden serlo la sede del
Tribunal Supremo que lo era del Colegio de Abogados de Madrid donde
protagonizaron encierros, protestas y tantas batallas por las libertades;
también la que fue la sede del TOP en las Salesas o el edificio de la antigua
Dirección General de Seguridad y otros espacios susceptibles de esta
declaración.
-Pero hubo otros
sucesos y acontecimientos que, aunque no terminasen en tragedia, estuvieron muy
cerca de ello, coméntanos…
-Si
el atentado de Atocha no fue el único sufrido por los abogados, ya antes de
1977, sus despachos sufrieron ataques y presiones de los grupos ultras que
estaban conectados con el sindicalismo vertical y obedecían las directrices del
sector político más inmovilista de la dictadura, el llamado “bunker”. Así
sucedió con el ataque sufridos por un grupo de abogados reunidos en el despacho
de José Manuel Muñoz en noviembre de 1975; las pintadas contra el conocido
despacho de Filomeno Aparicio en Córdoba; el atentado y la agresión contra el
letrado vizcaíno Pedro Ibarra Güell y su familia en la primavera de 1975 o la
presión y las amenazas sobre los letrados en los grandes procesos en el TOP
como ocurrió en el 1001 o en el de los 23 de Ferrol. Incluso después del
atentado de Atocha se produjeron otros ataques a domicilios particulares y
despachos que iban acompañados de las amenazas recordando lo que había sucedido
en Atocha como una forma de atemorizar como le sucedió al destacado letrado
valenciano Alberto García Esteve al que el quemaron el despacho y le dejaron un
recado “Acuérdate de Atocha”.
-Hoy en día un abogado laboralista se
las tiene que ver con cierta regresión…solamente hace falta visitar los campos
de temporeros, los trabajos en las casas, la gente que bajo temperaturas
insalubres trabaja horas y horas…
-Los
problemas a los que se enfrentan hoy los abogados laboralistas son de diferente
signo, primero porque existe un marco de relaciones laborales democrático y los
trabajadores tienen derechos y organizaciones sindicales libres y, aunque la
reforma laboral del gobierno del PP había debilitado considerablemente la
capacidad de negociación colectiva y conculcado derechos laborales, la
reforma realizada por el ministerio de
Trabajo en la actual etapa y otros leyes aprobadas por ese ministerio han
permitido recuperar el derecho de negociación colectiva e incluso extenderlo a
sectores muy precarizados. Ejemplos como la ley rider y los cambios en la
relación laboral del servicio doméstico, han permitido mejorar sensiblemente la
situación de esos sectores en temas salariales condiciones de trabajo y
seguridad social o la subida del salario mínimo, que se ha duplicado. De ahí
que los trabajadores y las trabajadoras de los sectores más precarizados como
los que mencionas que no están sometidos a la negociación colectiva por la
temporalidad de su actividad laboral, han encontrado amparo jurídico en el
marco actual de relaciones laborales y en consecuencia el trabajo de los
laboralistas se ve fortalecido. Todos esos cambios han generado menor actividad y de diferente
signo, pero algunos de los asuntos en el ámbito laboral siguen siendo similares
como los despidos improcedentes o no; las cuestiones de igualdad salarial o de
discriminación en el puesto de trabajo; la no aplicación de los convenios
o las limitaciones que en ocasiones se
imponen a los trabajadores y a sus representante sindicales para ejercer sus
derechos, son problemas que aún hoy tienen que atender los abogados
laboralistas, tanto los que tienen despachos independientes como los que llevan
los equipos jurídicos de las diferentes organizaciones sindicales que atienden
no solo a sus afiliados sino también a los no afiliados. En fin, han cambiado
las normas y las leyes, pero el sistema capitalista genera problemas a los
trabajadores y estos continúan defendiendo sus derechos a través de los
letrados que están especializados en derecho del Trabajo.
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Cazarabet
Mas de las Matas
(Teruel)