José Ramón Villanueva Herrero

Fuente: Diario de Teruel

Origen y evolución de un archivo histórico

Mucho se ha hablado y escrito últimamente sobre la polémica suscitada en torno a la posible devolución de los fondos conservados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Éste, recordémoslo, tuvo su origen en un expolio sistemático de fondos republicanos por parte del régimen franquista, hecho condenado expresamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de La Haya sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto bélico.

Ante las justas demandas de restitución a sus legítimos propietarios, han surgido opiniones encontradas, algunas no exentas de demagogia y oportunismo. Como advertía el historiador José Álvarez Junco, la polémica está evidenciando una inmensa distorsión debida a la "ignorancia y superficialidad informativa" alentada por la "irresponsabilidad y mala voluntad" de quienes se oponen a la devolución de los mismos.

Sobre el origen de este Archivo, hay que remontarse a la creación en abril de 1937 de la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), la cual tenía por objeto la confiscación de toda la documentación política procedente del bando republicano, tarea que sería continuada desde 1938 por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación (DERD) la cual debía "recuperar, clasificar y custodiar" los fondos procedentes de "entidades y personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional [...] que sean susceptibles de facilitar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos". Esta actividad, la continuó desde 1944 la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD) que, de forma significativa, se integró en la Dirección General de Seguridad (1958).

El volumen de documentación incautada en el territorio republicano (800 Tm., 20.000 cajas, procedentes de 17 provincias, de ellas, 145 con fondos aragoneses) tenía una finalidad exclusivamente represiva. En base a la misma, la dictadura franquista elaboró 3 millones de fichas y decenas de miles de expedientes correspondientes a personas con antecedentes políticos republicanos con los que, posteriormente, muchos antifascistas fueron juzgados y condenados. Años atrás, hasta las máquinas de escribir Underwood existentes en el Archivo de Salamanca, llevaban una etiqueta que decía: "incautada a los rojos": ese era el ambiente que allí se respiraba.

Esta finalidad represiva se mantuvo hasta que, con la transición democrática, se suprimió en 1977 la DNSD, pasándose a integrar en el Ministerio de Cultura. Dos años después, en mayo de 1979, se creó la "Sección Guerra Civil" del Archivo Histórico Nacional y, finalmente, por el RD 426/1999, de 12 de marzo, surgía el actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca.

Tras esta recapitulación histórica, y frente a los que claman ante el riesgo de una hipotética desmembración del AGGCE, éstos parecen "olvidar" que allí no se conservan la totalidad de los fondos relativos a nuestra trágica guerra civil. Ello se debe a varias razones. En primer lugar, durante la incautación, se destruyó abundante documentación (unas 72 Tm.) al considerarla de importancia "menor" para los fines represivos que se pretendían. Otra parte, perteneciente a ciudadanos derechistas, previamente incautada por las autoridades republicanas y que se incluía en estos fondos, fue devuelta a sus legítimos propietarios. También salió documentación de Salamanca para ser utilizada en la Causa General, así como a otros tribunales franquistas (Auditorías de Guerra, Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, tribunales de Responsabilidades Políticas y tribunales de Depuración) o bien al "Archivo de la Guerra de Liberación" o al Servicio Histórico Militar. Por último, con la normalización democrática, los fondos republicanos de las Cortes y del Consejo del Estado fueron devueltos a sus instituciones homónimas alegando la continuidad de ambas bajo el actual sistema democrático monárquico. Esta misma razón, la continuidad institucional, es la que alega la Generalitat de Cataluña para demandar, con todo fundamento jurídico y moral, sus fondos incautados una vez que se restableció el autogobierno catalán por el RD Ley de 29 septiembre de 1977.

Además de los fondos republicanos incautados, durante muchos años la DNSD generó su propia documentación. El conjunto de ambas confiere al AGGCE una gran importancia, según destaca la Comisión de Expertos creada para asesorar al Gobierno en este tema, las convierte en "un ejemplo único de lo que fue la represión franquista y constituye un referente insustituible en la configuración de la memoria histórica de los españoles".

Siendo conscientes de esta realidad, en un próximo artículo reflexionaremos sobre el futuro del AGGCE, teniendo siempre presentes las justas demandas de restitución planteadas por algunos de sus legítimos propietarios.

Una devolución polémica

A la demanda de devolución de los fondos incautados por la dictadura franquista, promovida por la Generalitat de Cataluña, se han sumado diversas instituciones de toda España. En el caso de Aragón, entre otros, citamos al Ayuntamiento de Mas de las Matas, al Consejo Comarcal del Bajo Aragón o a las mismas Cortes de Aragón, los cuales han aprobado acuerdos tendentes a la restitución de los fondos procedentes del Aragón republicano.

El contencioso, iniciado por la Generalitat en 1978, ha tenido un complejo desarrollo. Ya en 1982 se firmó un convenio con tal objeto entre la Generalitat y el Ministerio de Cultura y, el 17 de marzo de 1995, el Gobierno de Felipe González autorizó su devolución, aunque ésta quedó en suspenso y el posterior Gobierno Aznar paralizó definitivamente el proceso de restitución. Con el nuevo ejecutivo de Rodríguez Zapatero, se retomó el diálogo, se constituyó una Comisión de Expertos con la tarea de elaborar un Informe y, en base a éste, el Gobierno del PSOE aprobó el pasado 15 de abril la restitución a la Generalitat de sus fondos incautados. Por ello, frente a las tendenciosas acusaciones que se hacen tras esta decisión contra el Gobierno socialista, resulta obvio que ésta no supone un entreguismo ante las pretensiones de Cataluña (o de ERC) sino la culminación valiente y decidida de un proceso iniciado hace ya 27 años.

El Informe de la Comisión de Expertos ofrece algunas consideraciones jurídicas interesantes: destaca el origen ilegítimo de las incautaciones que dieron lugar al actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca, e insiste en la necesidad de precisar la titularidad de los fondos, punto básico para proceder a posteriores demandas de devolución. Ello plantea problemas pues algunas instituciones, como el Gobierno de Aragón, no tenían personalidad jurídica en el momento en que se produjeron las incautaciones de los fondos republicanos.

El problema básico es el de conciliar dos intereses, ambos legítimos: las justas demandas de devolución y, a la vez, garantizar la unidad del AGGCE como auténtico memorial histórico de lo que supuso la represión franquista. Ambos fines no resultan incompatibles puesto que la unidad de archivo quedaría garantizada, en caso de devolución de los originales, al conservarse en el AGGCE copias microfilmadas y digitalizadas de éstos. Como indica el Informe, la cuestión se reduciría "a saber quién sería el depositario de la copia y quién del original, pero no se plantea un problema de ruptura de la integridad del archivo".

El Informe se pronuncia a favor de la devolución de los fondos a la Generalitat, demanda que considera "justa" y "legítima", recordando que la Ley de Patrimonio Histórico permite que estos bienes se reintegren a su Administración de origen (art. 28.2). En cambio, ofrece una solución más polémica para el caso de los ayuntamientos: sugiere la entrega a los entes locales de copias digitalizadas y no la devolución de los originales. No obstante, para evitar posibles agravios, deja abiertas otras posibilidades como las cesiones temporales o definitivas de algunos fondos.

Dejando claro que la localización física de los documentos originales no es tan importante como su conservación y accesibilidad, el Informe insiste en la necesidad de transformar profundamente el Archivo de Salamanca para convertirlo en un fondo documental de primera referencia sobre la Guerra Civil y la Represión franquista. Para ello, además de dotarlo de los adecuados medios humanos y materiales, propone que vuelvan al AGGCE todos aquellos fondos que en su día salieron con destino a la Causa General y a otros lugares; igualmente propone concentrar en Salamanca todas las causas de los Consejos de Guerra hoy dispersas por instituciones militares de toda España y, también, la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de historia oral sobre este trágico período de nuestra historia.

Frente a las voces que, desde la derecha, claman contra las medidas de restitución, bueno sería recordar que hace ya 25 años, un político tan poco afín al Gobierno Zapatero y a ERC como es Manuel Fraga, ya pedía la devolución de estos fondos: el 18 de marzo de 1980 presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno Suárez para que "se traspasen a la Generalitat de Catalunya aquellos documentos que constituyeron, en su día, los archivos de la misma" (BOCE, 16 abril 1980). Por ello, tal vez hoy sus compañeros del PP tengan que volver a decir, como con su polémico abrazo a Raúl Castro, que "esto son cosas de Don Manuel..."

Ante problemas difíciles, es preciso adoptar soluciones valientes... y eso es lo que ha hecho el Gobierno en relación al contencioso de la documentación de la Generalitat. Pero, para ser justos, este proceso debería de continuar ante las demandas de otras corporaciones locales que, aunque más humildes que la institución catalana, les asisten las mismas razones a la hora de defender sus legítimos intereses.