La recuperación real de la
memoria histórica
Jaime Vicente
Fuente: Heraldo de Aragón
Jaime Vicente es director general de Patrimonio Cultural
de la DGA
En este principio de año se está hablando más que
nunca de los Archivos Históricos en los medios de comunicación de nuestro país.
Sería sin duda una buena noticia si el objetivo de tantas páginas de periódicos
y tantos minutos de radio y televisión tuviesen fuese destacar el desarrollo de
la conciencia social sobre la imprescindible labor que desarrollan. Quizá antes
de nada convendría recordar algo tan obvio como que la conservación y difusión
de aquellos elementos que conformaron nuestro pasado son imprescindibles para
entender nuestro presente, y más aún, nuestro futuro.
Sin embargo, lamentablemente, es la polémica la que
preside este debate en torno a la devolución de los documentos incautados por
el ejército sublevado durante la Guerra Civil Española, y depositados en el
actualmente denominado Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca.
Un archivo que recoge la incautación ilegal e
ilegítima de unos documentos que fueron utilizados como instrumentos de
información en la persecución y condena de personas, asociaciones, partidos e
instituciones republicanas, "desafectas al Movimiento Nacional". Una
incautación, además, a menudo desorganizada y descontrolada que provocó la
destrucción de gran parte de la documentación.
Es precisamente ese sistema ilegal de incautación
genera y justifica las reclamaciones de devolución que se multiplican en los
últimos años. Por otro lado, sólo la devolución de unos documentos expoliados
puede devolver la dignidad a los afectados, cerrando así definitivamente la
situación generada por la Guerra Civil y la represión posterior a las
instituciones, asociaciones o particulares.
Con ese espíritu, las Cortes de Aragón acordaron el
pasado año instar al Gobierno de Aragón a que apoyara ante el Gobierno Central
las reclamaciones realizadas por los titulares de derechos legítimos sobre los
mismos y favorecer su recuperación para la memoria histórica de Aragón.
El Gobierno de Aragón y todos sus órganos, como no
podía ser de otra manera, no sólo han asumido esta decisión del Parlamento
Aragonés sino que han iniciado los trabajos técnicos que permitan conocer con precisión
qué documentos aragoneses o de interés para la historia de Aragón se encuentran
en el archivo de Salamanca, fijar su propiedad inicial y evaluar el interés
histórico de la documentación. Así, parece evidente que los documentos
expoliados a instituciones públicas cuya existencia y continuidad es indudable,
deben ser devueltos y reintegrados a sus archivos. Mucho más complicado es el
proceso en el caso de asociaciones o entidades desaparecidas, ya que se
encuentra sujeto a la demostración de sus derechos legítimos y no sólo morales.
Existe, además, un principio fundamental en la
archivística que vincula de forma natural y preferente los documentos a los
órganos que los produjeron, como prueba de sus actividades y garantía de sus
derechos y deberes. Es cierto que en el caso del Archivo General de la Guerra
Civil tan importante como los documentos incautados son los generados por los
órganos encargados de la represión. La vinculación de toda esta documentación,
el contexto y su evolución, es también parte de la historia española que no
debe perderse. Hoy, el desarrollo de los medios técnicos (informatización y
digitalización) permite mantener la reclamada "unidad de archivo" de
forma absoluta, independientemente de la conservación o no de los documentos
originales, a la vez que garantiza la accesibilidad rápida y la mejor
conservación física de los documentos.
En cualquier caso, el apoyo que el Gobierno de
Aragón ofrece a las reclamaciones de devolución permitirá siempre
compatibilizar la recuperación de la dignidad y la memoria histórica con el
respeto a la nueva significación y función del Archivo General de la Guerra
Civil: la de ser memoria conjunta de la represión e instrumento de reparación
de los daños causados por un enfrentamiento que afectó a la totalidad del
Estado español.
La repercusión de este debate y la atención que
suscita, pone de manifiesto una vez más, la importancia simbólica del
patrimonio cultural, más allá de su relevancia como conjunto de elementos de
interés histórico o estético. No debemos olvidar, que el patrimonio cultural es
un referente básico en la formación de la memoria histórica de la sociedad, en
la representación e interpretación de esta memoria, y por tanto su
conocimiento, conservación y transmisión es básico en nuestra convivencia.