Aragoneses sin papeles (de Salamanca)

Nieves Ibeas Vuelta

Nieves Ibeas es diputada de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón

Sólo 25 cajas de las 145 del Archivo de Salamanca que contienen material relativo a Aragón han sido inventariadas hasta la fecha por los técnicos contratados por el Gobierno de Aragón el año pasado. Contienen principalmente documentación perteneciente a las unidades del Ejército Popular que actuaron en el frente de Aragón, aunque también hay carnés particulares de sindicatos, asociaciones y organizaciones políticas y muy diversas carpetas sobre colectividades, cooperativas y sindicatos de Alcañiz, Fabara, La Puebla de Híjar, Mas de las Matas, Montanuy, Tamarite de Litera y Senes de Alcubierre. Cuándo podremos saber más de esos documentos y, sobre todo, qué hay en las otras 120 cajas, es una pregunta todavía sin respuesta. Al ritmo actual, podrían hacer falta cuatro o cinco años más, y eso siendo optimistas, ya que el propio Gobierno de Aragón se atreve a señalar -en respuesta a una pregunta parlamentaria de Chunta Aragonesista- que “pretender precisar plazo es un ejercicio puramente especulativo”.

Ahora que el Gobierno estatal acaba de aprobar un proyecto de ley por el que da luz verde a la devolución de los documentos de particulares, debería tener preparado cuando antes un listado detallado del contenido de las cajas para que cualquier aragonés pudiera saber si hay algún papel relativo a su familia y decidir si quiere o no recobrarlo. Porque ¿cómo va nadie a reclamar lo que no sabe que está allí? Y, en el caso afortunado de tener algún indicio, ¿debe ir hasta Salamanca a comprobarlo por su cuenta y riesgo? La actitud de desidia con la que el Gobierno de Aragón está afrontando la tarea, básica, de identificación y descripción de los papeles aragoneses en Salamanca no es, desde luego, la manera que Chunta Aragonesista considera pertinente y responsable para dar cumplimiento al mandato de las Cortes del pasado 13 de diciembre, en el que se le instaba a “respaldar política y técnicamente las reclamaciones de devolución que se produzcan desde Aragón, así como el proceso de búsqueda, localización e inventario de la documentación incautada y depositada en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca”.

Esta apatía no resulta ninguna novedad para quienes venimos reclamando una actuación decidida del Gobierno de Aragón en el caso de los papeles de Salamanca. Desde el principio, se escudó, casi aliviado, en su incapacidad legal para reclamarlos directamente al Estado tal y como estaba haciendo la Generalitat (Aragón no estaba constituido como institución de derecho antes de la Guerra Civil). A raíz del acuerdo de Cortes, parece haber aceptado el papel secundario de respaldar la recuperación de ese patrimonio aragonés expoliado, pero no acaba de implicarse, y, sobre todo, de concretar ni aclarar qué medios va a poner a disposición de las instituciones concernidas y de particulares para que sus reclamaciones lleguen a buen término. Tampoco se ha inmutado tras conocer que el artículo 5 del proyecto de ley del Gobierno aprobado el 15 de abril establece que la restitución de documentos a particulares se “podrá llevar a cabo por las Comunidades Autónomas que lo soliciten de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca” excepto en Cataluña, que regulará el suyo propio. ¿Va a solicitar expresamente Aragón esa devolución? ¿Permitirá el Gobierno aragonés que, mientras se faculta a Cataluña para redactar su propio procedimiento, aquí tengamos que estar (¡incluso en eso!) bajo la tutela de Madrid, como si Aragón fuese una comunidad menor de edad?

Y, por último, está pendiente el futuro de las reclamaciones de los Ayuntamientos, excluidos de este proyecto de ley. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha confirmado que descartan devolver documentos del Archivo de Salamanca a los consistorios. ¿Qué va a hacer entonces el Gobierno de Aragón? ¿Elegirá cumplir con su obligación de respaldar “todas las reclamaciones que se produzcan desde Aragón” y, en consecuencia, también las de Ayuntamientos como el de Mas de las Matas? ¿O seguirá prefiriendo no interferir en los designios de Madrid?

Lo mínimo que podemos exigir a nuestros responsables políticos es diligencia, criterio, decisión y transparencia en la defensa de nuestro patrimonio y nuestra memoria histórica. Por la dignidad de nuestras instituciones y por la dignidad de la ciudadanía aragonesa, esperamos que cuando el Gobierno aragonés –ahora sí, legítimo representante de nuestra tierra- se pronuncie, sea en defensa de la recuperación de ese pasado que forma parte también de nuestra realidad presente.