Cazarabet conversa con... Francisco Cobo Romero, coautor de “La República en los pueblos. Conflicto,
radicalización y exclusión en la vida política local durante la Segunda República
Española (1931-1936)” (Comares)
Francisco Cobo Romero y Francisco de Paula
Garrido Rodríguez indagan, investigando minuciosamente, sobre el conflicto, la
radicalización y la exclusión en la vida política local durante la Segunda
República Española de 1931 a 1936.
La sinopsis del libro editado por Comares en
su colección, Comares Historia:
La mayoría de los estudios existentes sobre la
Segunda República española ha menospreciado la importancia que adquirió la
vivencia de la política en los municipios de extensas comarcas agrícolas del
sur peninsular. Asimismo, los intensos conflictos sociales, políticos,
culturales y religiosos que se desencadenaron entre los distintos grupos
sociales en su pugna por el control de los ayuntamientos han sido en parte
pasado por alto. La República en los pueblos estudia el proceso de
radicalización y de exclusión política del adversario que se produjo en una
importante proporción de localidades agrícolas del sur español, suscitado por
las profundas discrepancias y las irreconciliables posiciones que, en torno al
ejercicio del poder local y la resolución de los conflictos laborales,
sostuvieron tanto patronos como jornaleros. En tal sentido, los representantes
políticos e ideológicos de la izquierda y la derecha que se vieron enfrentados
en una incesante lucha por el poder municipal caminaron por la senda de la
mutua descalificación, la incomunicación y la incomprensión, debilitando los
canales del diálogo o de la pacífica resolución de sus diferencias.
Los autores:
Francisco Cobo Romero: es Catedrático de
Universidad de Historia Contemporánea. Ha sido investigador y profesor
visitante en la London School of
Economics de Londres, la École
des Hautes Études en Sciences
Sociales de París y el European University
Institute de Florencia. Ha centrado su investigación
en el análisis de los procesos de politización del campesinado español en una
perspectiva europea comparada. Entre sus principales publicaciones se
encuentran los siguientes libros: Franquismo y posguerra en Andalucía oriental,
(en colaboración con la profesora Teresa María Ortega López), 2005; Revolución
campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía, 2004; Por la reforma
agraria, hacia la revolución. El sindicalismo agrario socialista durante la II
República y la Guerra Civil, 2007; ¿Fascismo o democracia? Campesinado y
política en la crisis del liberalismo europeo, 1870-1939, 2012; La tierra para
quien la trabaja. Los Comunistas, la sociedad rural andaluza y la conquista de
la democracia (1956-1983), 2016, en colaboración con María Candelaria Fuentes
Navarro; La Segunda República Española, 2015, en colaboración con los
profesores González Calleja, Martínez Rus y Sánchez Pérez y Fascismo y
Modernismo. Política y Cultura en la Europa de entreguerras, 1918-1945, 2016,
en colaboración con Del Arco Blanco y Hernández Burgos.
Francisco de Parla Garrido Rodríguez: ha
cursado los estudios del Grado de Historia en la Universidad de Granada. Ha
llevado a cabo la elaboración de su Trabajo de Fin de Máster mediante un
exhaustivo estudio de la evolución política del municipio de Motril durante la
Segunda República Española. Es autor de la biografía de la benefactora
granadina María de Zayas, una figura dedicada a la labor filantrópica y al
mecenazgo. Actualmente prepara su Tesis Doctoral, centrada en el análisis de
los poderes locales en el mundo rural de la Andalucía de entreguerras.
Cazarabet conversa con Francisco Cobo
Romero:
- ¿Qué es lo que os llevó a
investigar sobre la interacción entre la Segunda República y los pueblos o
municipios de las provincias y comarcas del sur del país? ¿Hay o hubo algún
incentivo más qué os ha hecho investigar sobre esto?, ¿puede que la "falta
" de estudios e investigaciones en torno a los municipios y su idiosincrasia
versus conflictividad social y la implantación de la Segunda República?
-La principal motivación
que nos impulsó a la redacción del libro no fue otra que el deseo de revisar
algunas de las interpretaciones clásicas en torno al funcionamiento de las
instituciones democráticas en el seno del régimen de la Segunda República
española. Existe una convicción muy extendida acerca del papel que desempeñaron
las derechas conspirativas en la destrucción del régimen republicano, concebido
primigeniamente como un modelo paradigmático de parlamentarismo liberal en el
que, supuestamente al menos, los principales actores políticos desempeñaban
funciones acordes con el respeto al mantenimiento incólume de los principios de
reconocimiento y aceptación del adversario político o el trato privilegiado
otorgado a la resolución dialogada de los conflictos. En tal sentido, la
democracia republicana habría fracasado, principalmente, por el ataque sufrido
de manos de la indiscutible agresión proveniente de unas clases sociales económicamente
privilegiadas y cada vez más interconectadas con una derecha cerril e
intransigente, que vio amenazadas sus tradicionales posiciones de privilegio
ante el avance de las izquierdas y la generalización de una conflictividad
social extremadamente agresiva. Este planteamiento es absolutamente
incuestionable, pero adolece de la falta de atención prestada a la manera
específica como los actores individuales y colectivos, especialmente
implantados en el mundo rural, hicieron uso de los mecanismos institucionales
proveídos por la democracia parlamentaria y el modelo político liberal. En el
libro ponemos de manifiesto cómo la extrema conflictividad laboral, generada
tanto por la aplicación de una avanzada legislación reformista de signo pro-jornalero, como por una agricultura esencialmente
orgánica, que todavía precisaba de la sobreexplotación de la mano de obra
jornalera para continuar siendo rentable, acabó contaminando, en multitud de
comarcas agrarias del mediodía peninsular, las prácticas políticas desplegadas
por los principales actores en el seno de la vida local municipal, hasta
convertirlas en estrategias de confrontación que excluían al adversario,
limitaban la posibilidad del diálogo mutuo y entorpecían, en suma, la pacífica
convivencia política entre todos ellos.
- Eran todos ellos pueblos en los que
la economía y "lo social" giraba en torno a la agricultura, ¿verdad?
-En efecto. Nuestros protagonistas,
tanto individuales como colectivos, están insertos en diferenciados espacios de
convivencia, generalmente conflictuales y asentados sobre una construcción
jerarquizada de la arquitectura social y una desigualitaria estructura de la
posesión de los principales recursos productivos, con caracteres eminentemente
rurales. Para ser precisos, nos hemos centrado en el análisis de las muy
conflictivas relaciones laborales, políticas y económicas sostenidas entre los
distintos grupos sociales que sustentaban el edificio de una agricultura
predominantemente instalada sobre la profunda desigualdad en la distribución,
posesión y manejo de los principales recursos productivos, es decir, en una
agricultura teñida por el predominio de la gran propiedad agraria.
- Pero ¿qué tipo de agricultura,
aquí, se practicaba, el latifundio...por qué?; ¿qué características se habían
dado para ello? - ¿Qué tipos de cultivo eran los que predominaban?
-Hemos centrado nuestro
estudio en el análisis del desarrollo de las relaciones laborales y productivas
sobre las que se instalaba el predominio de la gran propiedad agraria. La
estructura de la propiedad agrícola de las comarcas analizadas estuvo
condicionada históricamente mediante el despliegue de un complejo y prolongado
proceso que devino en la hegemonía de los grandes propietarios agrícolas,
quienes instalaron su dominio sobre el conjunto de las clases rurales
populares, desde el periodo de la Restauración borbónica, y hacia el último
tercio del siglo XIX, a través del control casi monopólico y patrimonialista
que hicieron de los poderes locales y las instancias administrativas
municipales. El control exhaustivo ejercido por las oligarquías rurales de los
medianos y grandes propietarios agrícolas sobre el poder local condujo a la
edificación de un modelo de dominio social y político que excluía la
representación de los jornaleros o de los integrantes de los grupos sociales
rurales de extracción popular. Dicho modelo se acomodaba perfectamente con las
necesidades exigidas por unos tipos de cultivo y aprovechamiento de los
recursos agrícolas instalados sobre unas prácticas laborales tradicionales, de
base orgánica, propias de la agricultura meridional, un modelo que exigía la
subordinación absoluta de las clases jornaleras, el sometimiento político de
sus integrantes y la indiscutida hegemonía ejercida por los medianos y grandes
propietarios rústicos. Serían estos últimos, los medianos y grandes
propietarios rústicos, quienes, mediante el control monopólico de los ayuntamientos,
harían posible el funcionamiento adecuado del modelo de explotación agrícola al
que acabo de hacer referencia.
- Entonces la conflictividad laboral
estaba, siempre, como servida, ¿no?
-La conflictividad
huelguística en el ámbito de las relaciones laborales agrícolas es una
constante desde, al menos, la culminación del proceso histórico de
privatización de la mayor parte de los recursos agrícolas disponibles y la
inserción de los excedentes comercializables en los mercados capitalistas
encargados de su distribución. Una vez que se consumó, plenamente, el proceso
de asignación privatizada de la mayoría de los recursos productivos agrícolas
(gracias, en muy buena medida, a la culminación de los traspasos de la
propiedad invocados por las medidas liberales desamortizadoras), y se garantizó
la existencia de una estructura de la propiedad esencialmente desigualitaria,
el conflicto comenzó a adoptar caracteres cada vez más modernos, impulsado
crecientemente por estructuras organizativas o corporativas de defensa
sindicalizada de intereses que aspiraban a la fijación de unas determinadas
condiciones reguladoras de las relaciones de contratación laboral sostenidas
entre patronos y jornaleros. La llegada del régimen democrático de la II
República trajo consigo la implantación de una legislación laboral que
favorecía significativamente la capacidad negociadora de los jornaleros y sus
poderosos sindicatos agrícolas, hasta poner en peligro la misma pervivencia del
conjunto de relaciones de explotación sobre el que sustentaba la rentabilidad
de la gran hacienda rústica. Todo ello indispuso crecientemente a los patronos,
hasta colocarlos en posiciones de abierto enfrentamiento contra un régimen, el
democrático-parlamentario de la Segunda República, al que consideraron excesivamente
permisivo con las demandas planteadas por los jornaleros.
- Porque las condiciones de los
trabajadores de la tierra no debían de ser nada buenas para ellos, debían estar
más próximas a la explotación que a otra cosa... ¿qué nos podéis decir?
-Las formas en que se
efectuaba la explotación de la mano de obra jornalera en la agricultura del
mediodía español estuvieron condicionadas por la particular modificación que
experimentaron las relaciones de producción en el campo desde el proceso de asentamiento
de la apropiación privatizada de los principales recursos agrícolas y la
mercantilización generalizada de los excedentes productivos. Este proceso
histórico comenzó a configurarse hacia el último tercio del siglo XIX, aunque
experimentó ligeras variantes desde comienzos del siglo XX, asociadas a la
progresiva sindicalización de los trabajadores agrícolas y la politización
campesina, entendida como un fenómeno modernizador que hizo posible la difusión
de una particular sensibilidad y una especial preocupación por los asuntos
políticos públicos entre los principales componentes del campesinado y las
clases asalariadas agrícolas. Al comienzo de los años treinta del pasado siglo
XX, la agricultura de extensas comarcas del sur peninsular continuaba mostrando
los rasgos característicos que lo que podríamos denominar como una “agricultura
orgánica”, es decir, un modo particular de aprovechamiento de los recursos y de
establecimiento de relaciones productivas entre los distintos grupos sociales
rurales extremadamente dependiente de la utilización masiva de la mano de obra
jornalera, generalmente mal pagada o insuficientemente alimentada. La
abundancia de mano de obra asalariada próxima a las superficies cultivadas
donde se asentaba la mediana y la gran propiedad agrícola hacía posible el
mantenimiento de unos niveles salariales francamente deprimidos, algo que
demandaba el propio sistema agrario teniendo en cuenta el escaso nivel de
mecanización de las labores, la elevada renta de la tierra y los precios escasamente
remuneradores alcanzados por los productos agrícolas y alimenticios en unos
mercados deprimidos, en los que la demanda proveniente de la población urbana
resultaba aún insuficiente. Dadas estas premisas, todavía prevalecían en la
inmensa mayoría de las grandes explotaciones agrícolas unas condiciones de
sobreexplotación de la mano de obra jornalera que provocaban el constante
malestar entre los asalariados, al tiempo que suscitaban el surgimiento de
interminables conflictos huelguísticos planteados, precisamente, en torno a
demandas que tenían que ver directamente con la fijación del nivel de los
salarios, la duración de la jornada laboral o las condiciones, generales o
particulares, en las que se llevaba a efecto el trabajo agrícola.
-Pero la Segunda República en sus
comienzos quiso hacer una Reforma agraria que se paraliza con el bienio negro y
que el gobierno del Frente Popular quiere retomar, pero ya no le da tiempo al
estallar la Guerra Civil con el Golpe de Estado de los Militares... ¿qué nos
podéis decir?
-La Reforma Agraria fue
un proyecto largamente acariciado por las principales culturas políticas del
republicanismo, el socialismo o el anarquismo. La llegada de la Segunda
República significó un momento histórico, dotado de un marco liberal y
democrático hasta entonces desconocido, que impulsó el deseo de tales culturas
políticas por llevar a cabo una profunda transformación de las estructuras de
la propiedad agraria, unas estructuras históricamente condicionadas que
arrojaban como resultado mas perceptible la profunda
desigualdad en el reparto de la riqueza agrícola. Pese a la fiereza con que se
desplegaron los debates parlamentarios para hacer posible la elaboración de un
texto legal que sancionase la puesta en práctica de una verdadera Reforma
Agraria, la ley finalmente aprobada en septiembre de 1932 significó un avance
importantísimo en los deseos, largamente acariciados por los republicanos de
izquierda y el marxismo en general, por poner fin a las históricas injusticias
derivadas de un muy desigual reparto y distribución de la propiedad agraria.
Desde el momento mismo de su puesta en marcha, las derechas más
tradicionalistas, el catolicismo conservador y el agrarismo reaccionario
optaron por boicotear la labor de reforma agraria, incitando a los ricos
patronos agrícolas, los grandes propietarios latifundistas y una pléyade de
modestos y pequeños propietarios hacia la manifestación de su rotunda oposición
a la aplicación del reformismo agrario contemplado en la ley del año 1932. El
boicot de las derechas agraristas a la Reforma Agraria se tradujo en una
intensa campaña propagandística, que, con tonos verdaderamente catastrofistas y
apocalípticos, anunciaba poco menos que la plena colectivización de la tierra,
su entrega a los jornaleros y la aplicación de una especie de “comunismo
agrario”, inspirado en las transformaciones agrícolas sobrevenidas tras la
revolución bolchevique del año 1917. Este mensaje cargado de tonalidades
dantescas debió seducir, e incluso aterrorizar, a extensos colectivos de
pequeños y modestos propietarios y arrendatarios, quienes progresivamente se
vieron inclinados, en mayor o menor medida, a manifestar su apoyo electoral a
los candidatos agraristas, católico-corporativistas o derechistas que defendían
abiertamente la anulación de la Reforma Agraria y la potenciación de la
propiedad privada de los recursos agrícolas productivos, así como la defensa
explícita de la pequeña explotación campesina. El segundo bienio no supuso,
pese a lo que tradicionalmente se ha manifestado, un retroceso evidente en el
proceso de expropiación y asentamiento campesino sobre las tierras expropiadas.
No obstante, en el año 1935, un ministro agrarista, Nicasio Velayos,
consiguió, con el respaldo de los parlamentarios de la CEDA católico-tradicionalista,
que las Cortes aprobasen una Ley que significaba, ni más ni menos, que la
virtual abolición de la Reforma Agraria puesta en marcha en 1932. La supresión
del Registro de la Propiedad Expropiable permitió a los grandes
propietarios hacer uso de diversas estratagemas legales para burlar la
inclusión de sus tierras entre las susceptibles de ser expropiadas. Asimismo,
se estableció un límite máximo a la asignación presupuestaria destinada al
funcionamiento del Instituto de Reforma Agraria, algo que hizo prácticamente
imposible la puesta en pie de los proyectos de expropiación inicialmente
contemplados, convirtiendo la práctica expropiatoria en una labor
extremadamente ardua, que necesitaría casi un siglo para alumbrar efectos
perceptibles. Esta Ley de Reforma de la Reforma Agraria del año 1935 yuguló,
por consiguiente, toda esperanza depositada en la ejecución de un vasto y
ambicioso plan de transformación de la agricultura, tal y como lo deseaban los
republicanos de izquierda y los socialistas. Sin embargo, el regreso de los
republicanos de izquierda, con el apoyo parlamentario prestado por los
socialistas, al gobierno de la República tras las elecciones parlamentarias de
febrero de 1936 alentó a los jornaleros a reclamar, nuevamente, una aceleración
visible del proceso expropiatorio de grandes fincas. Incluso se produjo un
vasto movimiento de ocupación de grandes propiedades en numerosas comarcas
extremeñas. Durante los meses de gobierno del Frente Popular, y hasta el
estallido de la guerra civil, se ocupó un número de hectáreas perceptiblemente
muy superior al que se había registrado entre los años 1932 y 1935.
- ¿Qué hubiese significado esa
reforma agraria de haberse implantado en esos pueblos del sur del Estado
Español?; aunque las resistencias, por parte de los latifundistas, hubiesen
sido muy fuertes...?
-Habría significado una
profunda remodelación de las relaciones de explotación de la mano de obra
asalariada sobre la que se venía sosteniendo el edificio de la “gran propiedad
agraria”. Habría significado también, muy probablemente, la liquidación de las
relaciones salariales que vinculaban a muchos jornaleros con sus empleadores.
Quizás hubiese significado la configuración de un vasto estrato social
constituido por modestos cultivadores agrícolas que, asistidos por las
instituciones oficiales puestas al servicio de la aplicabilidad de los
preceptos contemplados en la ley de Reforma Agraria, quizás hubiesen alcanzado
la plena integración en los mercados agrícolas, garantizando el afianzamiento de
una nueva forma de existencia mucho más digna y humanizada, así como
liberándose de las ataduras que los vinculaban, en un régimen social de
profunda dependencia, humillación y subordinación, a los grandes propietarios
rústicos. Todo esto no es más que historia-ficción, pues existen fundadas
reflexiones que aseguran la escasa posibilidad de una notable reducción del
desempleo estacional agrícola pese a la aplicación plena de un histórico
proceso de reasignación de los principales recursos productivos y un reparto
equitativo de la capacidad, reconocida a un amplio estrato de campesinos, para
acceder al uso de la tierra y su consiguiente aprovechamiento. Parece probado
que, dado el nivel de precios existente en los mercados de productos
alimenticios en la España de los años treinta del pasado siglo XX, las
explotaciones agrícolas colectivizadas o las pequeñas parcelas resultantes de
la expropiación de los grandes latifundios, habrían necesitado incorporar un
elevado grado de mecanización a determinadas labores, así como un alto índice
de incorporación de fertilizantes inorgánicos, que habrían provocado la
disminución de la cabaña ganadera o la considerable reducción de las
necesidades de contratación de mano de obra por parte de las nuevas
explotaciones resultantes del proceso expropiatorio derivado de la aplicación
de la Reforma Agraria. Sean cuales fuesen los resultados de la misma,
probablemente habrían significado el debilitamiento extremo de la estirpe de
los grandes propietarios agrícolas y la virtual defunción de la nobleza
terrateniente que aún perduraba, significativamente debilitada, durante el
primer tercio de la pasada centuria.
- En los años treinta en los años de
la República tanto en los inicios de la misma, como en el bienio negro, como
con el Frente Popular; ¿cómo fue evolucionando esa conflictividad laboral?
-Dadas las
características que mejor definían el sistema de relaciones laborales
predominante en la agricultura del sur peninsular a la altura de los años
treinta del pasado siglo XX, la conflictividad huelguística sostenida por los
jornaleros se proponía, ante todo, la disminución de la jornada laboral, a fin
de acrecentar el número de ofertas laborales disponibles por parte de la
patronal y dar empleo al mayor número posible de los jornaleros asentados en
cada localidad, así como la elevación sustancial del precio de los jornales,
con el fin de hacer frente de manera más eficaz a las severas constricciones
padecidas por todos ellos en lo relacionado con la alimentación, el sustento de
los integrantes del grupo familiar y el sostenimiento de la vivienda. No
obstante, en un periodo como el de la Segunda República, en el que la
legislación laboral perseguía el pleno empleo agrícola y el considerable
aumento del nivel de renta a beneficio de la clase jornalera, la conflictividad
fue derivando, progresivamente, hacia la imposición a la patronal de una serie
de prácticas de contratación que, si bien aspiraban a la contratación de la
totalidad del censo jornalero, también debilitaban notablemente los soportes
básicos sobre los que se sustentaba una agricultura escasamente productiva, muy
poco mecanizada y fuertemente dependiente del desempleo crónico de tipo
estacional y la existencia de unos bajos niveles salariales. La ruda
contraposición de intereses entre jornaleros y patronos, así como la existencia
de poderosas organizaciones sindicales capaces de movilizar a colectivos muy
numerosos de trabajadores agrícolas, hizo desembocar la conflictividad, con el
concurso de la participación de numerosos alcaldes socialistas que se
implicaron decididamente en la defensa de los intereses jornaleros y el
aseguramiento del pleno empleo en sus municipios, en una auténtica pugna que
radicalizó las posturas, fracturó la sociedad agraria aún más de lo que ya lo
estaba e indispuso crecientemente a los patronos frente a un régimen
democrático, como el de la República, al que fueron considerando,
progresivamente, como objeto privilegiado de sus denuncias. Hacia los comienzos
del año 1936 proliferaron nuevas prácticas reivindicativas basadas en la
parcial ocupación de las fincas por parte de los jornaleros desempleados, la
realización de faenas no consentidas por los patronos, la disminución
caprichosamente decidida por estos últimos de la duración de la jornada laboral
y la exigencia de elevados salarios. Todo ello indispuso finalmente a los
medianos y grandes propietarios agrícolas frente al régimen republicano, hasta
provocar el anidamiento entre muchos de ellos de sentimientos políticos
abiertamente contrarios a su continuidad.
- Porque, de entrada, ¿a la
idiosincrasia agraria de esos pueblos y a la sociedad que la vivían se la
entendía desde la República, desde los ejecutivos...?
-La clase política que condujo
los derroteros del régimen de la Segunda República continuaba siendo, en muy
buena medida, la que ya se había situado al frente de las instituciones
estatales desde la etapa final de la Restauración. Hubo, eso sí, una profunda
renovación en el seno de los órganos representativos parlamentarios. Las Cortes
elegidas en 1931 incorporaron una auténtica pléyade de nuevos y jóvenes
profesionales, vinculados preferentemente a los partidos de la izquierda
republicana y al socialismo. No obstante, una mayoría muy consistente de los
representantes de la izquierda republicana y el republicanismo conservador
(afincado en el Partido Republicano Radical) continuaban siendo profesionales
escasamente familiarizados con la realidad agraria del país. Asimismo, muchos integrantes
de la burguesía agraria continuaban emplazados al frente de cargos
representativos de carácter provincial o estatal en defensa de los intereses
conservadores, reaccionarios o agraristas propios de la España latifundista.
Sea como fuere, una importante proporción de los representantes en las Cortes
republicanas mostró una escasa sensibilidad a la hora de afrontar la resolución
de los graves problemas históricamente arrastrados por la agricultura española.
Así lo prueba el fracaso estrepitoso de medidas legislativas, nunca aplicadas,
destinadas a mejorar la calidad de los arrendamientos o a garantizar el libre
acceso a la propiedad de un extensísimo segmento de modestos cultivadores que
aspiraban a convertirse en pequeños propietarios rústicos. Tampoco se
resolvieron satisfactoriamente las tradicionales reivindicaciones de los rabassaires catalanes, ni el deseo del campesinado navarro
por revertir, a beneficio de los modestos cultivadores locales, la propiedad de
las denominadas “corralizas”. Buena parte del campesinado intermedio de
pequeños y modestos propietarios o arrendatarios vio frustradas sus
aspiraciones a la mejora de sus niveles de vida o al reconocimiento de su
derecho a la plena propiedad de las explotaciones que venían usufructuando, en
régimen de arrendamiento o aparcería, desde mucho tiempo atrás. El problema
jornalero en el sur de España tampoco fue satisfactoriamente resuelto, quizás
por la incomprensión de buena parte de la clase política colocada al servicio
del republicanismo progresista, por la rotunda oposición a cualquier tipo de
reformismo agrario expresada por el conservadurismo agrarista, o por la
manifiesta radicalización de las posturas políticas defendidas por buena parte
del socialismo.
- Porque casi es de suponer que si se
ha investigado poco después —historiográficamente hablando— a esa interacción,
conflictividad y hasta radicalización entre los unos y los otros y con la
República, quizás es porque, en parte, ya había poco conocimiento del medio
rural, de los pueblos y de sus sociedades por parte de los que ejercían el
poder en tiempos de la República y quien dice en tiempos de la República podría
decir tiempos previos a la misma o los posteriores.
-Parcialmente, al menos,
esta pregunta ha sido contestada anteriormente. No obstante, sería preciso
añadir que, si bien es cierto que la problemática agraria venía discutiéndose
por la clase política desde mucho tiempo atrás, incluso espoleada por las
advertencias vertidas por el pensamiento regeneracionista, o por los impulsos
reformistas provenientes de una buena parte del pensamiento agrario más
claramente conectado con las corrientes intelectuales existentes en la Europa
de comienzos del siglo XX, no lo es menos que la cerrazón de las posturas
sostenidas por los grandes propietarios agrícolas y sus más directos
representantes políticos frustraron reiteradamente la puesta en pie de medidas
de reforma agraria que hubiesen coadyuvado a la franca modernización de la
agricultura española, así como a la implantación de un sistema tributario y
retributivo que hubiese garantizado un más igualitario y equilibrado reparto de
la riqueza agrícola. No cabe duda que fueron las posturas de intransigencia a
cualquier cambio, manifestadas sobre todo por la estrecha franja de los grandes
propietarios rústicos y sus más próximos representantes políticos (el
catolicismo tradicionalista y corporativista, el agrarismo reaccionario o el
conservadurismo antidemocrático), los que frustraron la necesaria serenidad que
exigiría un debate público orientado a la puesta en marcha de medidas
legislativas con suficiente capacidad para resolver el histórico problema de la
profunda desigualdad imperante en el ámbito de la sociedad rural española.
- Así, la República en los pueblos,
en estos pueblos... ¿fue siempre como una utopía?
-La implantación del
régimen republicano despertó una oleada de entusiasmo entre los componentes de
las clases populares, así como entre una extendida proporción de las clases
medias urbanas de todo el país. Las manifestaciones públicas de júbilo con que
fue acogido el nuevo régimen dan prueba de las inmensas expectativas que
despertó su inauguración entre un considerable número de ciudadanos. Por lo que
respecta al mundo rural, y particularmente a la vida cotidiana que presidía el
devenir diario de los acontecimientos en multitud de poblaciones esencialmente
agrícolas del sur peninsular, tanto los republicanos como, sobre todo, los
socialistas, habían venido anunciando desde algunos años atrás, pero
particularmente durante los meses en los que se desplegó la campaña
propagandística que precedió a las elecciones locales celebradas el mes de
abril de 1931, las esperanzadoras perspectivas que para todos ellos supondría
el derrocamiento de una monarquía vituperada y calificada de corrupta y
antidemocrática y la implantación de un régimen pleno de libertades como el
republicano, que supuestamente acabaría con los males del caciquismo y daría
paso a una sustancial transformación, y eliminación, de las muy desigualitarias
y jerarquizadas relaciones sociales mantenidas entre patronos y jornaleros. Una
multitud ingente de miembros de las clases rurales populares depositaron sobre
el régimen republicano implantado en la primavera de 1931 todo un sinfín de
anhelos, entre los que se incluía la verdadera democratización de los poderes
locales, el acceso a los recursos políticos que tanta incidencia tenían sobre
la regulación de las relaciones laborales en la agricultura y, por qué no, una
distribución más equitativa y solidaria de los principales recursos agrícolas,
incluyendo el libre acceso al cultivo de la tierra. Cuando, en el transcurso de
los primeros meses tras la implantación del nuevo régimen, las conflictivas
relaciones entre propietarios de la tierra y asalariados agrícolas se fueron
agriando de una manera irreversible, pero sobre todo cuando los jornaleros
comprobaron la terca resistencia opuesta por la gran patronal agraria a la
aceptación de sus principales demandas, las esperanzas depositadas por estos
últimos en el régimen republicano, considerándolo como la panacea que
resolvería, súbitamente, todos sus sufrimientos, se fueron disolviendo de una
manera acelerada, hasta provocar el desánimo o la radicalización de sus
posturas.
- Los gobiernos de izquierdas de la
Segunda República se veían como maniatados a la hora de llevar a cabo las
reformas como la agraria?; ¿eso generó frustración entre los trabajadores del
campo?
-La respuesta a esta
pregunta ha sido parcialmente expresada en la otorgada a la cuestión
anteriormente resuelta. Conviene aclarar que los gobiernos del primer bienio
republicano, conformados sobre la alianza parlamentaria sostenida por los
republicanos de izquierda y los socialistas, tropezaron, desde el primer
momento, con la severa reacción a sus propuestas de cambio en la agricultura
expresada por las derechas agraristas y manifestada en los actos de resistencia
al acatamiento de la legislación laboral reformista llevados a cabo por la
práctica totalidad de la gran patronal agraria. Si bien es cierto que la ley de
Reforma Agraria sufrió un retraso significativo en su aprobación y posterior
implementación, principalmente provocado por la animosidad con que fue recibida
por el conjunto de las derechas católico-corporativistas y por la tenaz
oposición a su aplicación expresada por los grandes propietarios agrícolas, no
es menos cierto que otro tipo de iniciativas que tendieron a aliviar la penosa
situación padecida por los pequeños arrendatarios y aparceros, o por los rabassaires catalanes, chocaron de una manera inmisericorde
con la cerril negativa a su puesta en pie proveniente del grueso de los
intereses agraristas y conservadores nacidos entre los círculos de la gran
propiedad agraria y el latifundismo. Por consiguiente, la ausencia de
resultados perceptibles en todo lo relacionado con las demandas más
fervorosamente expresadas por las clases jornaleras y una buena parte del
campesinado familiar, durante los dos años y medio posteriores a la
implantación del régimen republicano, sembró el descontento entre multitud de
integrantes de las llamadas clases populares rurales. No todas ellas expresaron
su decepción de idéntica manera. Los jornaleros del sur peninsular, radicados
en las comarcas agrícolas donde existía un claro predominio de la mediana y la
gran propiedad agraria, o bien manifestaron su desafección a las organizaciones
políticas y sindicales del socialismo, o bien radicalizaron sus manifestaciones
conflictivas hasta extremarlas durante la celebración de la huelga general
campesina convocada por el sindicato agrícola socialista durante el mes de
junio del año 1934. De otro lado, buena parte del campesinado familiar se
refugió en el respaldo otorgado, de una manera cada vez más incontestable, a
las opciones contra-reformistas, dirigidas
expresamente a paralizar la aplicación de la Reforma Agraria, y emanadas del
seno de la derecha católica, las filas de la CEDA y del agrarismo
tradicionalista de raíz antiliberal.
- ¿Cuál era la postura de los
latifundistas porque estos tampoco debían ni quedarse contentos ni quietos,
¿cómo reaccionaban?
-Mas bien habría que
hablar de la postura sostenida por los medianos y grandes propietarios
agrícolas, quienes, de una manera bastante coordinada, emprendieron todo tipo
de acciones para contrarrestar los efectos de la Reforma Agraria o paralizar la
aplicación de las medidas de regulación de los mercados laborales contenidas en
la legislación reformista esencialmente beneficiosa para los trabajadores
agrícolas y los jornaleros. Puede afirmarse que, al menos desde el año 1933 en
adelante, se forjó en multitud de comarcas agrarias del sur peninsular una
especie de coalición reaccionaria de marcado signo agrarista y contra-reformista, que utilizó cuantos medios había a su
alcance para paralizar la labor del Instituto de Reforma Agraria y, sobre todo,
para minimizar los efectos de la aplicación de la legislación laboral
reformista de signo pro-jornalero. Los medianos y
grandes propietarios agrícolas emplearon a sus representantes municipales y a
los alcaldes más proclives al reconocimiento de sus exigencias boicoteando los
órganos de regulación de los mercados laborales. De manera especial se
incumplieron sistemáticamente las imposiciones de mano de obra jornalera
decretadas por las Comisiones Municipales de Policía Rural, se desobedecieron
los preceptos de contratación de los jornaleros de acuerdo con el orden de
inscripción de los mismos en las Bolsas de Trabajo, se marginó en el empleo a
los jornaleros sindicalizados, o a los más combativos y conflictivos y, en
suma, se obstruyó la labor desplegada por los Jurados Mixtos locales,
concebidos como órganos de arbitraje laboral con capacidad para determinar la
cuantía de los salarios, la duración de la jornada laboral, y un largo etcétera
de disposiciones que trataban de mejorar las condiciones generales en que se
efectuaba el trabajo agrícola. Cuando todas estas estrategias disuasorias
dejaron de resultar efectivas, especialmente cuando, durante la primavera del
año 1936, comenzaron a proliferar nuevas formas de conflictividad jornalera que
perjudicaban muy seriamente el tradicional dominio ejercido por los grandes
patronos sobre los mercados del trabajo agrícola, la gran patronal agraria
comenzó a contemplar la posibilidad de poner fin al régimen republicano, al que
culpabilizaban de ser el responsable de la gestación de un marco legislativo
regulador de las relaciones de producción en la agricultura altamente dañino
para sus intereses, atisbando la oportunidad de proceder a su inmediata destrucción
mediante una acto conspirativo de naturaleza enteramente reaccionaria.
- ¿Qué papel jugaban en estos
conflictos los ayuntamientos?; - ¿A menudo estos propios Ayuntamientos se
encontraban fracturados?
-Las corporaciones
municipales venían desempeñando, prácticamente desde su regulación tras la
promulgación de la Constitución de 1812 y la legislación sucesiva que definió
sus particulares modelos de configuración, una función esencial en la
consolidación de oligarquías agrarias que terminaron por patrimonializar el
desempeño de los cargos concejiles y, a través de los mismos, ejercieron una
labor directa en todo lo relacionado con la gestión de las superficies
susceptibles de ser desamortizadas o privatizadas, o con el aprovechamiento, en
beneficio propio, de los recursos de pastos, leñas o frutos extraíbles de los
montes vecinales que sobrevivieron a los procesos de privatización que se
propagaron por la práctica totalidad del siglo XIX. Durante la Restauración,
los poderes municipales de la España rural del mediodía peninsular se
convirtieron, progresivamente, en plataformas de representación de los
intereses específicos de las ricas oligarquías agrarias, quienes los utilizaron
para hacer posible la perpetuación de las condiciones que hacían posible su particular
dominio sobre el campesinado, el acrecentamiento de sus predios y explotaciones
o la fijación de cargas impositivas y tributarias sobre los grupos sociales
populares. Desde la constitución, el año 1931, del régimen democrático de la
Segunda República, y gracias a la profusa legislación social y laboral que se
ocupó de normalizar los mercados del trabajo agrícola, los ayuntamientos
alcanzaron una posición preferente en todo lo relacionado con el
establecimiento de los órganos de arbitraje laboral, los registros de
demandantes de trabajo en las explotaciones gestionadas por los ricos
propietarios agrícolas, o la creación de comisiones encargadas de velar por la
aplicación del laboreo forzoso, imponiendo a los patronos la obligatoriedad de
contratar a un determinado número de jornaleros para satisfacer las exigencias
establecidas en los usos y costumbres de buen labrador orientadas a incrementar
la productividad de las superficies cultivadas. Además, los ayuntamientos, y
particularmente la figura de sus alcaldes, se erigieron en órganos
institucionales particularmente implicados en la negociación laboral sostenida
entre patronos y jornaleros, o de sus representantes sindicales, conducentes a
la elaboración de las Bases del Trabajo agrícola, que fueron los documentos
legales esenciales en los que se establecían los niveles salariales, la
duración de las jornadas de trabajo y las condiciones específicas que regían la
contratación, por parte de los propietarios agrícolas, de cuantos asalariados
precisasen para llevar a cabo las faenas requeridas por sus explotaciones. En
consonancia con esto último, resulta fácil deducir que, ante la cerrazón
manifestada por la patronal a la hora de acatar el cumplimiento de los
preceptos contenidos en la legislación laboral, en muy buena medida ejecutada a
través de los ayuntamientos, no solamente se incrementó la radicalidad de los
conflictos huelguísticos y laborales de todo tipo, sino que asimismo se comenzó
a considerar crucial el control absoluto ejercido sobre los poderes locales,
pues desde los mismos o bien se agilizaba la aplicación de la legislación
laboral reformista que tanto beneficiaba a los jornaleros, o bien se
arrinconaba esa misma legislación, se paralizaban los expedientes sancionadores
dirigidos contra los patronos desobedientes o se obstaculizaba el normal
funcionamiento de los órganos encargados de su ejecución.
Los ayuntamientos del
periodo republicano, en tanto que elegidos
democráticamente por los ciudadanos, traducían las fracturas políticas e ideológicas
de la propia población sobra la que aquellos ejercían su labor representativa.
Cabe señalar que, dado el clima de generalizada expansión de los conflictos y
la tendencia a la radicalización de los mismos, esta atmósfera crecientemente
inflamada se tradujo en la acentuación de las divisiones políticas e
ideológicas, así como en la proliferación de estrategias de exclusión del
contrario y profunda animadversión entre concejales o alcaldes de distinto
signo político.
- Os paráis después, en la segunda
parte del libro en algunos pueblos, en concreto cinco---a nuestro parecer
ciudades—a los que analizáis más detenidamente: Antequera, Montefrío, Motril,
Pinos Puente y Santa Fe ¿qué os hizo escoger estos pueblos y no otros?
-En realidad, nuestros
objetos de estudio e investigación constituyen auténticas agro-ciudades, una
modalidad de agrupamiento demográfico muy extendida en el sur de España. Se
trata de ejemplos en cierta manera modélicos. Algunos de ellos se erigen en auténticas
concentraciones poblacionales en las que existía, a la altura de la década de
los treinta del pasado siglo XX, una considerable diversificación
socio-profesional, una circunstancia que determinaba la existencia de grupos
sociales altamente diferenciados, que cumplían funciones económicas sumamente
variadas y que sustentaban culturas específicas, e incluso de carácter
político, que definían su identidad y permitían a sus componentes el alcance de
un intenso grado de cohesión interna. Tanto Antequera como Motril se erigían en
auténticos enclaves que hegemonizaban la actividad productiva de un importante
hinterland, constituido por la existencia de núcleos poblacionales de menor
entidad estrechamente vinculados al centro neurálgico comarcal cuyo desempeño
descansaba sobre las dos poblaciones mencionadas. Los criterios que nos
movieron a elegir las poblaciones objeto de nuestro estudio no fueron otros que
la localización de núcleos demográficos que contuviesen un elevado censo de
trabajadores agrícolas enfrentados a un estrecho segmento social conformado por
una minoritaria oligarquía de medianos y grandes propietarios rústicos.
Asimismo, pretendíamos utilizar determinados casos considerados paradigmáticos
para la demostración de nuestras hipótesis. Antequera se constituía en un
poderoso enclave donde predominaba una agricultura marcadamente latifundista,
que daba empleo a una ingente cantidad de jornaleros agrícolas. La fortaleza
sindical de los asalariados del campo significaba, asimismo, un acicate decisivo
para erigirlo en un caso modélico, donde la intensidad de los conflictos
huelguísticos y la progresiva radicalización de las izquierdas condujeron al
desencadenamiento de episodios de confrontación social auténticamente trágicos.
Motril destacaba por la existencia de algunos líderes políticos y
personalidades capacitadas para la movilización de extensos colectivos sociales
que experimentaron un profundo proceso de radicalización, especialmente en el
seno de las izquierdas socialistas. Santa Fe y Pinos Puente son dignos ejemplos
de localidades cuyo término municipal albergaba una rica agricultura
modernizada e intensiva, donde la fuerte concentración de una masa
significativa de jornaleros, enfrentados a un puñado de ricos propietarios,
propició la emergencia de constantes desavenencias entre unos y otros que se
tradujeron en la progresiva implicación de la corporación municipal
mayoritariamente izquierdista en la defensa de los intereses específicos de los
trabajadores del campo. Por último, Montefrío se nos mostraba como un típico
emplazamiento ruralizado y eminentemente agrario, en
el que la histórica confrontación entre las oligarquías rurales de rancio
abolengo y la creciente población jornalera se tradujo, durante los años
republicanos, en una progresiva decantación de las corporaciones de izquierda
en favor de la defensa de los intereses jornaleros, algo que acentuó la
inclinación de la gran patronal y sus representantes políticos hacia la defensa
de acciones de política municipal particularmente dirigidas a debilitar el
poder sindical de los asalariados o a paralizar la aplicación de las medidas de
control de los mercados laborales contenidas en la legislación laboral
reformista.
- ¿Qué denominadores comunes tenían
todos ellos?
-La totalidad de los
ayuntamientos elegidos mostraban o bien una fortaleza indiscutida de las
organizaciones políticas y sindicales de izquierda, o bien una contrastada
capacidad de movilización en manos de organizaciones políticas de centro, como
el Partido Republicano Radical, que experimentaron un proceso de derechización
a medida que progresaba el devenir del régimen republicano y se agudizaban las
confrontaciones de todo tipo entre los diversos grupos sociales constitutivos
de la población local. Motril significaba, asimismo, un laboratorio
privilegiado, en el que la histórica fortaleza de las izquierdas marxistas y
anarquistas se veía reforzada por la existencia de líderes fortalecidos que
reafirmaron su capacidad de movilización. Los rasgos que vinculan las cinco
poblaciones escogidas tienen que ver con la particular diferenciación social
existente en todas las localidades estudiadas, la existencia de importantes
colectivos jornaleros, la profunda diferenciación en el reparto y la
distribución de los recursos agrícolas y los intensos desequilibrios mostrados
por sus particulares estructuras de la propiedad rural. La gran propiedad,
aliada en ocasiones con los medianos propietarios agrícolas, conformó en todas
las poblaciones estudiadas una alianza dirigida a debilitar a las izquierdas,
paralizar la Reforma Agraria y minimizar los efectos, perniciosos para la
continuidad de la agricultura orgánica, de la legislación laboral pro-jornalera.
- ¿Y qué diferenciaciones tenían en
cuanto a la interacción entre "ser un pueblo agrario" y encontrarse
en la idiosincrasia, X la que sea, y vivir y convivir con
reformas, contrarreformas... y otra vez retomar las reformas?
-Pensamos que los
actores, tanto individuales como colectivos, que conforman el basamento de
nuestra particular investigación deben ser concebidos como sujetos históricos
modelados por las circunstancias que les tocó vivir, pero asimismo
condicionados y forjados por los moldes culturales, las percepciones dominantes
y las culturas políticas contrapuestas que elaboraban relatos interpretativos
de la realidad cotidiana y asignaban contenidos de significación a las
complejas experiencias de confrontación, lucha y contraposición en las que se
desenvolvió su existencia. Solo así puede entenderse la permanente refriega
política e ideológica vivida por los enfrentados grupos sociales que
protagonizaron los sucesos referidos en la obra.
- ¿Fue un querer y un no poder lo que
intentó la República en los pueblos de ese extremo sur de Andalucía?
-Como señalábamos en una
respuesta anterior, el régimen democrático de la Segunda República puso en
marcha toda una espesa batería de iniciativas legislativas que, en lo tocante
al denominado “problema de la tierra”, o a la señalada como “cuestión agraria”,
pretendían modernizar la agricultura española transformando sustancialmente los
mecanismos de acceso del campesinado a la utilización de los recursos agrícolas
o alterando de una manera radical la injusta y desigualitaria estructura de la
propiedad agrícola prevaleciente. No obstante, tal y como ya ha sido apuntado,
la fiera oposición patronal y el concurso prestado a sus pretensiones
reaccionarias por buena parte de las culturas políticas del catolicismo
corporativista y el agrarismo tradicionalista, impidieron la normalizada
aplicación de avanzadas medidas como la Reforma Agraria, o paralizaron, hasta
degradarla sustancialmente, la aplicación de los preceptos contenidos en una
legislación laboral reformista sumamente avanzada.
- ¿Cómo ha sido el proceso y la tarea
ardua de investigación que, además tiene mucho a ver con el proceso de
documentación?
-Ante todo, estamos
plenamente legitimados para afirmar que este libro se sustenta sobre un
riguroso y preciso trabajo de recopilación de fuentes archivísticas y
documentales inéditas, que han sido laboriosamente interpretadas mediante la
aplicación de paradigmas interpretativos que recogen los aportes más
innovadores de la más reputada historiografía en torno al conflicto rural, la
fragmentación política y los procesos de radicalización que dificultaron la
práctica democrática en una coyuntura de nuestra reciente historia nacional
declaradamente inestable. El libro recoge las reflexiones analíticas que,
emplazadas en el pormenorizado estudio de los caracteres que revistió la
conflictividad laboral en la agricultura durante el periodo de la Segunda
República, permiten al lector comprender más acertadamente el carácter
contaminante y la peligrosa deriva que adoptaron las confrontaciones
ideológicas y políticas en el marco de multitud de municipios rurales del sur
peninsular, hasta deteriorar de manera casi irreversible la práctica
democrática permitida por la constitución de las sucesivas corporaciones
municipales que se encargaron de la dirección de los asuntos públicos en las
localidades que han sido objeto de nuestro estudio. Sin duda alguna, pueden
hacerse objeciones a los principales planteamientos defendidos en la obra, pero
de lo que no cabe duda es del intenso esfuerzo desplegado por sus autores a la
hora de argumentar sosegadamente todas y cada una de sus conclusiones,
basándose en el pormenorizado análisis de las fuentes documentales disponibles.
-La investigación, la recopilación de
documentación, el contrastar todo ello...el aproximarse a testimonios más o
menos directos sobre vuestro trabajo...es un trabajo que requiere de trabajo,
minuciosidad, pero también de mucha gratificación al final al ver el trabajo…
¿qué nos podéis decir?
-Estamos muy satisfechos
con la investigación llevada a cabo. Ante todo, hemos querido incorporar
algunas matizaciones nada desdeñables al relato dominante que trata de
interpretar los orígenes de la guerra civil y el debilitamiento extremo a que
fue sometido el régimen democrático de la Segunda República. Por encima de
cualquier otra consideración, hemos querido poner de manifiesto cómo los
poderes municipales cumplieron un papel esencial en la progresiva degradación
de la vida democrática de multitud de municipios esencialmente rurales del
mediodía peninsular. Asimismo hemos querido significar cómo en una coyuntura
histórica particularmente decisiva, en la que una crisis agraria de
considerables dimensiones atenazó a buena parte de la gran patronal rústica, el
control de los poderes locales y la particularizada o partidista utilización
que los representantes políticos de los diferentes grupos sociales hicieron de
ellos, derivó en una creciente desafección entre los contrarios, así como en
una progresiva incomunicación instalada sobre la exclusión del adversario
político y la encarnizada lucha por la consecución de logros sectoriales,
particularmente satisfactorios para alguno de los bandos contrapuestos que
incrementaron su animadversión durante el transcurso de los años 1931 a 1936.
- ¿Y qué metodología de trabajo
habéis seguido? - ¿Trabajasteis sobre un guion de cuestiones y/o
preguntas sobre las que ir encontrando respuestas?
-Hemos empleado la
metodología que exige la realización de un estudio histórico instalado sobre
las interrelaciones existentes entre distintos ámbitos de la vida colectiva
experimentada por distintos grupos sociales, todos ellos insertos en
comunidades rurales esencialmente segmentadas, donde la jerarquización de las
categorías grupales dominantes genera episodios de conflictividad que, de
manera casi necesaria, se traducen en el comportamiento político circunscrito a
los ámbitos de la representación municipal. Por consiguiente, hemos empleado
una muy diversificada gama de fuentes archivísticas y hemerográficas, a fin de
restaurar casi en su integridad la sucesión de episodios de confrontación
laboral, violencia política o exclusión que se sucedieron en las localidades
objeto de nuestro estudio. Asimismo, hemos procedido mediante el empleo de un
patrón deductivo, recurriendo a la contrastación de situaciones aparecidas en
distintos ámbitos geográficos, combinando los resultados que pudieran resultar
inequívocamente derivados de la configuración de determinadas situaciones de
causalidad y extrayendo conclusiones que nos permitan configurar un paradigma
explicativo del proceso de degradación de la práctica democrática circunscrito
a los municipios elegidos en el estudio.
- Amigos, ¿cómo ha sido trabajar con
Comares? - ¿En qué estáis trabajando ahora, nos podéis dar alguna pista?
-Ha sido un auténtico
placer colaborar con la prestigiosa editorial Comares. Los resultados de la investigación
fueron sometidos a evaluación, y una vez aprobada la publicación, la
colaboración con el editor, con el responsable de la colección, así como con el
cualificadísimo personal encargado de la maquetación y elaboración del libro
han discurrido de la manera más satisfactoria posible. En la actualidad me
encuentro inmerso en un proyecto centrado en la señalización de los componentes
culturales e ideológicos sobre los que se sustentó el régimen dictatorial del
general Primo de Rivera, poniendo un particular énfasis en la exaltación de una
interpretación simbólica e idealizada de la mujer rural, concebida como
componente sustancial del supuesto espíritu españolista que dio sentido al
régimen político autoritario de la España de los años veinte del pasado siglo.
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