La
Librería de El Sueño Igualitario
Un libro
de la Diputación de Huelva que investiga más allá de la represión que ha
sido más investigada. la de la represión física, la
cárcel, los campos de trabajo, de concentración…
Pedro Feria Vázquez, el autor, se sumerge en
otro tipo de represión, “la económica” que desde principios de la guerra mermó
de igual manera a no pocos ciudadanos y ciudadanas afines a la República.
El trabajo de investigación se desarrolla en
una de las provincias andaluzas, Huelva y trata de explicar como el saqueo, las
confiscaciones y la actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas entre
1936 y 1945 pusieron en un “brete” a toda una provincia más allá de la amenaza
y del miedo de las represiones más físicas.
Lo que nos cuenta la Diputación de Huelva
sobre el libro:
En los últimos años, del silencio de los
archivos está empezando a emerger numerosa documentación que saca del olvido
capítulos muy oscuros de nuestro pasado. Entre ellos, el de la represión a la
que el bando nacional primero, y la dictadura franquista después, sometió a los
disidentes políticos: una larga noche de cárceles, fusilamientos, torturas y
exilio. Uno de los aspectos más desconocidos de esa represión fue precisamente
el económico, o cómo el franquismo, además de ejecutar o encarcelar, despojó
materialmente a sus víctimas mediante multas, saqueos y confiscaciones, con un
doble objetivo: primero, como una eficaz arma de castigo y disuasión, ya que la
represión económica no sólo afectaba a los disidentes, sino también a sus
familias; y segundo, lo incautado sirvió para financiar al bando nacional y
sufragar parte de los gastos que suponía el conflicto bélico. Para llevar a
cabo este proceso, el régimen creó una despiadada maquinaria legislativa e
instituciones específicas, como el Tribunal de Responsabilidades Políticas.
Esta represión económica fue muy acusada en la provincia de Huelva. Por el
simple hecho de discrepar con el nuevo orden impuesto tras el 18 de julio de
1936, a miles de onubenses les fueron arrebatadas sus propiedades mediante
diversos métodos y excusas legales, que iban desde el saqueo puro y duro hasta
las confiscaciones organizadas. En ellas fueron decomisadas
grandes cantidades de dinero en metálico, además de oro, plata y joyas,
animales de granja, cosechas, enseres de todo tipo, terrenos, inmuebles… y el
volumen total de lo expropiado aún nos es desconocido. Todos estos procesos,
que se alargaron hasta bien entrados los años 40, tuvieron para Huelva efectos
desastrosos, llegando a comprometer el posterior desarrollo económico
provincial, y sus consecuencias se arrastran incluso hasta hoy.
Este libro pretende hablar de todo ello. Siempre en busca del máximo rigor, su
autor utiliza fuentes documentales puestas recientemente a disposición de los
investigadores en archivos provinciales y nacionales, además de un buen número de
memorias personales y testimonios orales de víctimas y familiares, muchos de
los cuales ven la luz por primera vez en el presente trabajo. De esta forma, se
ha construido un relato fidedigno de los terribles sucesos que tuvieron lugar
en Huelva hace ya más de tres cuartos de siglo, pero de los que sólo hasta hace
relativamente poco se ha empezado a debatir. Todo para tratar de poner fin a
tantas décadas de olvido impuesto o autoimpuesto, y ayudar a difundir el
conocimiento de nuestro pasado entre las viejas y nuevas generaciones, pues sin
ello será imposible impedir que hechos tan traumáticos como éstos vuelvan a
ocurrir.
El autor: Pedro Feria Vázquez (Huelva,
1976) estudió Historia en la universidad
onubense, donde se doctoró en 2013, y donde también ha ejercido como docente.
Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre historia reciente
de Andalucía, impartido conferencias en varios países y publicado numerosos
artículos en revistas de ámbito local, regional y nacional sobre temas
relacionados con la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición. En 2009 salió
su primer libro, Protagonistas del cambio político, sobre el proceso de
transición a la democracia en la ciudad de Huelva. Ésta es su segunda obra, que
recoge los resultados de su investigación sobre el Tribunal de
Responsabilidades Políticas en Huelva, y que constituyó su tesis doctoral,
calificada con sobresaliente cum laude.
Cazarabet conversa
con Pedro Feria Vázquez:
-Pedro,
háblanos un poco de aquello que te ha llevado a escribir este amplísimo y
detalladísimo libro sobre La Represión Económica en Huelva…
-Principalmente, que hasta ahora
no se había investigado casi nada sobre el tema. Se ha escrito ampliamente
sobre la represión, llamémosle, “física”, es decir, las ejecuciones, las
torturas, los encarcelamientos… Sin embargo, a veces parece olvidarse que el
franquismo, además de fusilar o encerrar a sus víctimas, también las despojó de
sus bienes, utilizando para ello métodos y excusas legales de lo más variopintas,
que iban desde el saqueo puro y duro a las multas y confiscaciones organizadas.
Es algo sobre lo que en el conjunto de estado español no se había empezado a
trabajar hasta hace relativamente pocos años, y para el caso concreto de la
provincia de Huelva no se sabía nada. Ha sido con la reciente apertura de los
archivos del antiguo Tribunal Provincial de Responsabilidades Políticas, que
fue la autoridad judicial encargada de las incautaciones, cuando hemos podido
empezar a investigar en serio.
-La
represión que los golpistas y después gobernantes ejercieron sobre la
población, afín a la República, va desde el saqueo a actuaciones muy fuertes en
el Tribunal de Responsabilidades Políticas pasando por las confiscaciones; lo
que da a entender que nunca terminaron de reprender al resto de ciudadanos que
no pensaban como ellos, ¿no?.
-El ensañamiento de la dictadura
franquista con los disidentes alcanzó cotas que no dudaría en calificar de
inauditas, como demuestran todos los procesos de confiscación de bienes que
describo en el libro. Las incautaciones, unidas al resto de procesos
represivos, demuestran que el régimen se había embarcado en un proyecto
totalitario que buscaba el exterminio total de quien pensaba distinto y el
completo sometimiento al poder del Estado del resto de los ciudadanos. La
represión económica se ensañó sobre todo con la vanguardia política y cultural
del país, es decir, líderes políticos y sindicales, intelectuales, artistas,
escritores, profesionales liberales, etc., y también se confiscaron los bienes
de partidos políticos, sindicatos y asociaciones culturales, lo que deja muy a
las claras que lo se buscaba era descabezar a la sociedad civil con vistas a la
futura instauración en España de un régimen fascista al estilo del mussoliniano
o el nazi.
-Pero
además de no terminar de ejercer esa represión durante largos y largos años…la
ejercían en todos los flancos. Todo estaba como pensado para no dejar respiro,
ni salida; ¿es así?
-Sin duda. Las confiscaciones de
bienes, además, incluso ejercían sobre el disidente una presión extra que no se
encuentra en el resto de los procesos represivos, y es que no sólo afectaban al
acusado, sino también al resto de su familia. En una sociedad tan fuertemente
patriarcal como la de la época, en la que el sueldo del cabeza de familia era
prácticamente la única fuente de ingresos de su esposa e hijos, si éste era
fusilado, encarcelado, perdía el empleo en una depuración, tenía que pagar
fuertes multas o le confiscaban sus bienes, ello condenaba a su familia al
hambre. Lo más triste de todo era que la muerte del acusado no extinguía su
responsabilidad penal, y eran entonces su mujer e hijos o parientes más
cercanos los que “heredaban” la multa que le hubiera sido impuesta, y así,
sumado a la pérdida del esposo o padre, muchas viudas y huérfanos se vieron
condenados a abonar onerosas sanciones a veces de decenas de miles de pesetas
(de entonces), que en algunos casos tardaron décadas en pagar. Es una buena
muestra de lo terrible que fueron todos estos procesos.
Esto, evidentemente, desanimaba
más que cualquier otra cosa a potenciales opositores, ya que desafiar al Estado
suponía no sólo arriesgarse a la ruina personal, sino también condenar al
hambre y al ostracismo social a sus familias. Cualquiera que viera lo que
sucedía a todo el que se atrevía a luchar contra el régimen sabía que lo mejor
era “no meterse en política”, y de esta manera el franquismo logró exactamente
lo que se proponía: una ciudadanía pasiva y sumisa.
-¿Hasta qué punto era todo ello deliberado?
-Las confiscaciones de bienes no eran, como a
veces se ha intentado hacer creer, obra de “descontrolados” que aprovechaban el
caos de los primeros momentos tras la entrada de las tropas nacionales en cada
localidad para dedicarse al saqueo, sino que formaba parte de un plan
perfectamente premeditado, con un doble objetivo: por un lado, y como decía
antes, se convertirían en una eficaz herramienta de disuasión; por otro, sirvió
para financiar al bando nacional, ya que lo incautado se utilizó para sufragar
los onerosos gastos que conllevaban el conflicto bélico. Esta doble función,
punitiva y economicista, ayuda a explicar el furor confiscatorio de los
golpistas, que afectó no sólo a los republicanos, a los que se robaba sin
ningún pudor, sino al conjunto de la ciudadanía, ya que también a vecinos sin
ninguna relación con la política se le confiscaban bienes en metálico y en
especie mediante requisas de víveres y ganado, suscripciones “voluntarias” y
multas que en aquellos años proliferaron por toda la geografía nacional por los
motivos más absurdos. Por ejemplo, se solían imponer multas por decir palabras
malsonantes, por no saludar “a la romana” cuando en la radio sonaba el “cara al
sol” o por vestir en la playa un vestuario considerado poco “decoroso”. Muchos
españoles, además, se vieron obligados a entregar al Estado sus objetos de oro
y plata o joyas para ayudar a la “causa nacional” (so pena de ser considerados
“rojos” y engrosar las temidas listas negras) o a ceder sus vehículos de motor
al ejército. Como vemos, todo ello permitió al bando nacional no sólo recabar
una ingente cantidad de fondos que fueron una inestimable ayuda para que
finalmente ganara la guerra, sino que lograron, como decía, una ciudadanía
pasiva y fácilmente moldeable por el Estado, que pasó a ejercer un control
total sobre la economía del país.
-Esto
me da de pensar que la sociedad debería de estar cada día como más sometida a
cierta presión desde el estado y cómo se hizo, me refiero a esto de hacer un
retrato de la situación de los “afines a la República” para luego poder ejercer
sobre ellos una represión tan amplia y en todos los perfiles . ¿Cómo lo
hicieron?
-Para llevar a cabo los procesos
de confiscación, las autoridades encargadas de ello crearon una inmensa,
costosa y despiadada maquinaria policial, judicial y burocrática, además de una
tupida red de informantes y confidentes, todo con el fin de que no escapase
nadie. Para una mayor efectividad en las incautaciones era necesario,
lógicamente, conocer la cantidad exacta de bienes de los que disponían los
acusados, por lo que en primer lugar los tribunales de responsabilidades
políticas exigían a las autoridades locales (generalmente alcaldes y jefes de
Falange, párrocos y comandantes de la Guardia Civil) informes sobre los bienes
que aquellos poseían. También se exigían informes a los bancos sobre sus
cuentas corrientes y a las cámaras de la propiedad sobre los terrenos o
inmuebles registrados a nombre de los investigados y, además, se pedían
chivatazos a vecinos o conocidos. Una vez recopilados todos estos informes, se
enviaban peritos para que tasaran los bienes del inculpado; en mis
investigaciones he hallado muchos ejemplos de estas tasaciones, algunas de
ellas altamente exhaustivas, que registraban hasta el último botón que hubiera
en la casa. Una vez se celebraba una parodia de juicio, y si era declarado
culpable (lo que sucedía las más de las veces), al condenado se le imponía una
sanción económica que, en función de su supuesta responsabilidad política,
podía oscilar entre una leve multa y la pérdida total de sus bienes.
-¿Cuánta
de las riquezas lucidas posteriormente por fascistas y gente conservadora de
Huelva, en tiempos de posguerra, dictadura eran, en realidad, de los afines a
la República?
-Debido a la corrupción y falta de control,
muchos particulares (caciques locales, jerarcas falangistas, alcaldes,
párrocos, mandos del ejército, la Guardia Civil y la Policía...) se apropiaron
de enormes cantidades de bienes confiscados; por ejemplo, buena parte de lo
incautado a los republicanos se solía subastar públicamente, en subastas
fraudulentas orquestadas por las autoridades locales que permitieron a ciertos
caciques adquirir bienes a precios ridículos. Varios testimonios que recogí de
víctimas de confiscaciones afirmaban que objetos que les fueron incautados por
las autoridades aparecieron más tarde en viviendas de derechistas locales.
También fue tristemente famoso el caso del que fue gobernador de Huelva durante
los años más duros de la represión, Gregorio de Haro,
de quien, aparte de enriquecerse enormemente durante los meses que estuvo en el
cargo, se dice que regaló a colaboradores y amigos objetos confiscados a
republicanos o donados por ciudadanos.
Todo esto nos hace llegar a una terrible
conclusión: las confiscaciones no solamente enriquecieron al Estado franquista,
como vimos antes, sino que se convirtieron en un suculento negocio para quienes
lo apoyaban. El régimen utilizó las incautaciones no sólo para castigar a
quienes se le oponían, sino también para premiar a quienes le
apoyaban.
-Y claro, esto, se ha ido arrastrando hasta bien entrada la
transición porque lo que es indudable que muchas riquezas de hoy son de
aquellas prácticas, ¿no?
-Todavía hoy, la cantidad total de
lo robado por el franquismo nos es desconocida, aunque algunos autores han
aventurado cifras parciales. Muchos ciudadanos intentaron, tras la guerra,
recuperar al menos parte de los bienes que les fueron arrebatados, pero los
pocos que lo consiguieron recibieron una ínfima parte
de lo sustraído. Después del fin de la dictadura, algunos partidos y
asociaciones han tratado de que se compense a todos aquellos que sufrieron
confiscaciones; en su día se devolvieron los bienes arrebatados a partidos y
sindicatos, pero no así a los ciudadanos particulares, lo que constituye todo
un fraude de ley y una carencia más de la incompleta Ley de Memoria Histórica.
Lo que sí es cierto, y completando
lo que decíamos antes, es que tanto las confiscaciones como el resto de las
prácticas corruptas de las que siempre hizo gala el régimen franquista hicieron
ricos a muchos. Numerosos caciques u oligarcas se afiliaron a Falange o a otros
grupos tras el 18 de julio y utilizaron esta militancia para granjearse
amistades en el poder político y obtener suculentas contratas públicas, entre
otros privilegios. También se beneficiaron de la desaparición de la lucha
sindical y de la despiadada legislación laboral del franquismo para someter a
un alto grado de explotación a los trabajadores. Pero no sólo eso. En mi libro
recojo los casos de ciertos comerciantes o industriales, muy cercanos al
régimen, que acusaban a otros empresarios de “rojos” para de esta forma
apropiarse de sus negocios o destruirlos y así eliminar la competencia.
Buena parte de las grandes
fortunas de la España actual salieron de aquello, y debido sobre todo a que los
nefastos pactos de silencio de la transición impidieron tocar ese asunto, se
fomentó la impunidad y la prolongación en el tiempo de las prácticas corruptas,
y las consecuencias de ello todos podemos verlas con sólo abrir el periódico.
Así, hoy día los herederos de aquel escandaloso latrocinio se consideran a sí
mismos “emprendedores” y se permiten darnos lecciones sobre la “cultura del
esfuerzo”, mientras continúan enriqueciéndose con las mismas tramas de
corrupción que hace ochenta años pusieron en marcha sus abuelos.
-Cuando
Huelva cae bajo la bota de los golpistas franquistas, ¿cómo estaba estructurada
la economía y cómo la transforman a sus necesidades y bajo su propio servicio?
-Ya antes de la guerra Huelva era
una provincia pobre debido a carencias estructurales y a la situación provocada
por el crack del 29, y la guerra no hará sino empeorarlo todo. El bando
nacional reestructuró la economía onubense según los parámetros propios de las
teorías fascistas, es decir, una economía que se decía corporativista,
suprimiendo los enfrentamientos de clase, y totalmente controlada por el estado
en todos sus aspectos, desde la producción a la distribución y los precios,
todo con el fin de imponer un férreo orden económico que se pretendía evitase
los daños a la economía producidos tanto por la “indisciplina” de los obreros
como por el “egoísmo” de los patronos, además de evitar el desabastecimiento y
la subida inmoderada de precios. Era una política fuertemente intervencionista
que anuló completamente el libre mercado, lo que, por cierto, no deja de ser
una ironía que en la actualidad algunos políticos y escritores que se
autoproclaman “liberales” defiendan un régimen como el franquista, que se
situaba en las antípodas del liberalismo que dicen defender.
El problema es que consiguió todo
lo contrario. El control sobre la producción y los precios sólo fomentó el
mercado negro y el estraperlo, provocando un extremado encarecimiento de los
productos y el hambre, que llegó a causar miles de muertes en Huelva. Además,
las necesidades impuestas por la situación bélica arruinaron a la provincia, lo
que, unido a las incautaciones, la corrupción y los privilegios que el nuevo
régimen otorgó a caciques y oligarcas en detrimento del resto de la población,
hizo que la economía colapsase y tardase décadas en recuperarse. Todavía hoy
seguimos arrastrando las consecuencias.
-¿Cómo hacían para ejercer una incautación tan brutal? Porque las
hubo de más espontáneas a más estudiadas o como planeadas, ¿no?
-Se pueden establecer en la provincia cinco
grandes “oleadas” confiscatorias, que se desarrollaron entre los años de guerra
y la inmediata posguerra. La primera de ellas, que se podría denominar como
confiscaciones “incontroladas” o “espontáneas”, tendría lugar coincidiendo con
la entrada en cada localidad de las fuerzas nacionales. Aprovechando el
descontrol del momento, tanto las tropas como ciertos desaprensivos se
dedicaban al saqueo de las viviendas y comercios de los republicanos más
señalados de cada localidad. También fueron asaltadas las sedes de sindicatos y
partidos republicanos, las logias masónicas y los locales de cooperativas,
casinos, ateneos y círculos culturales progresistas, y sus locales y enseres
fueron confiscados y cedidos a organizaciones vinculadas al Movimiento
Nacional.
Para tratar de imponer algo de orden en este
caos, a partir del otoño de 1936 las autoridades nacionalistas comenzaron a
plantear diversas fórmulas jurídicas, haciendo su aparición una serie de leyes
que intentaban regular los procesos de incautación, como los Edictos de
Confiscación de Bienes, que iniciaron una nueva oleada de incautaciones. Más
tarde, para mejorar los controles, a partir de noviembre de 1937 comenzó a
actuar la Comisión Provincial de Incautaciones, que centralizó el proceso
confiscatorio (antes dependía de las autoridades locales) y también provocaría
una tercera oleada de expropiaciones.
Una nueva oleada confiscatoria se llevaría a
cabo no contra las propiedades, sino contra la fuerza de trabajo de los
vencidos en la Guerra Civil. Tanto los disidentes como sus familias sufrieron
una dura discriminación en muchos aspectos de la vida diaria, como por ejemplo
en la atención sanitaria, en el acceso a los alimentos o en el mundo laboral:
el régimen franquista va a restringir a los “no afectos” el acceso al empleo,
mientras que va a privilegiar en el mismo a los “adeptos”. También se materializó otro castigo en forma de
depuraciones de personal que tuvieron lugar en las administraciones y empresas,
y que se prolongaron hasta los años de la posguerra. Un caso muy conocido de
estas depuraciones profesionales lo constituye el de los maestros, muchos de
los cuales, además de asesinados, fueron expulsados de su profesión por sus
simpatías republicanas.
La quinta y mayor oleada confiscatoria tuvo
lugar en plena posguerra, y fue amparada por la Ley de Responsabilidades
Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939. Dicha ley completaba y ampliaba
las anteriores normativas confiscatorias, y para velar por su funcionamiento se
estableció un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, acompañado de
dieciocho tribunales regionales y Juzgados Provinciales.
Todas estas oleadas, con sus sucesivas
legislaciones y aparatos judiciales, se asemejan a una serie de redes de
almadraba con mallas cada vez más estrechas y tupidas, que atrapan a los peces
que pudieron escapar de las anteriores. Era muy difícil salir de semejante maraña.
Y lo peor de todo es que hubo personas que sufrieron confiscaciones o multas en
cada una de estas oleadas, provocando su ruina y la de su familia.
-Pero
¿cómo y de qué manera lo hicieron? ¿era para todos los
territorios igual?
-En el caso de
Huelva, si observamos la distribución por municipios, vemos que la mayor actividad confiscatoria no
necesariamente se produjo en aquellos lugares con una mayor ideología
republicana o actividad sindical antes de la guerra o que habían mostrado mayor
oposición al golpe de estado, sino que principalmente estaba vinculada a una
mayor actividad económica; es decir, las rapiñas se centraron no en las
localidades con mayor número de militantes de izquierdas, sino en aquellas con
mayor nivel de riqueza, que lógicamente ofrecían a los golpistas bienes
susceptibles de ser embargados. Así, la represión económica se concentrará
sobre todo en pueblos con gran presencia de una pequeña burguesía enriquecida
con el comercio, las actividades agropecuarias, la manufactura de calzado o la
elaboración de licores, e ideológicamente cercana al liberal-republicanismo. Si
nos fijamos en las sanciones a nivel individual, la cuantía de la multa no
dependerá muchas veces del grado de responsabilidad del acusado, sino de su
capacidad económica, y así, personas con responsabilidades consideradas “menos
graves” o “leves” pero con mayor nivel económico pagaron multas mucho más
elevadas que otras personas con responsabilidades “graves” pero en situación de
insolvencia.
-¿Qué
particularidades presenta Huelva en todo esto, respecto a otros territorios?
No es fácil de decir, ya que es un
tema que se ha investigado poco en otros lugares y es complicado establecer
comparativas entre unas provincias y otras. Sin embargo, se puede decir que en
todas las hasta ahora estudiadas los procesos de represión económica se
desarrollaron prácticamente igual.
-¿Podemos
establecer como una radiografía de los ciudadanos y ciudadanas vinculados a
Huelva que sufrieron esta represión?
-La represión económica,
aunque prácticamente afectó a todos los ciudadanos, se ensañó sobre todo con los
presidentes y demás miembros de las ejecutivas de los sindicatos y partidos
izquierdistas y republicanos, y sobre sus alcaldes y concejales. Otros
colectivos muy castigados fueron los miembros de profesiones liberales,
maestros, intelectuales, funcionarios, abogados, masones, médicos,
farmacéuticos, propietarios, comerciantes, empresarios y directivos, es decir,
la vanguardia social, económica y cultural de la provincia. Todo esto no hace
sino reforzar el argumento principal del libro, el
que califica a la represión económica como parte de un concienzudo plan
destinado a desarticular la sociedad civil en función de un proyecto
totalitario.
25688
La represión
económica en Huelva durante la Guerra Civil y la Posguerra. Saqueos,
confiscaciones y actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas
(1936-1945).
Pedro Feria Vázquez
380 páginas 23 x 16 cms.
10,00 euros
Diputación de Huelva
En los últimos años, del silencio de los archivos está empezando a emerger
numerosa documentación que saca del olvido capítulos muy oscuros de nuestro
pasado. Entre ellos, el de la represión a la que el bando nacional primero, y
la dictadura franquista después, sometió a los disidentes políticos: una larga
noche de cárceles, fusilamientos, torturas y exilio. Uno de los aspectos más
desconocidos de esa represión fue precisamente el económico, o cómo el
franquismo, además de ejecutar o encarcelar, despojó materialmente a sus
víctimas mediante multas, saqueos y confiscaciones, con un doble objetivo:
primero, como una eficaz arma de castigo y disuasión, ya que la represión
económica no sólo afectaba a los disidentes, sino también a sus familias; y
segundo, lo incautado sirvió para financiar al bando nacional y sufragar parte
de los gastos que suponía el conflicto bélico. Para llevar a cabo este proceso,
el régimen creó una despiadada maquinaria legislativa e instituciones específicas,
como el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Esta represión económica fue
muy acusada en la provincia de Huelva. Por el simple hecho de discrepar con el
nuevo orden impuesto tras el 18 de julio de 1936, a miles de onubenses les
fueron arrebatadas sus propiedades mediante diversos métodos y excusas legales,
que iban desde el saqueo puro y duro hasta las confiscaciones organizadas. En
ellas fueron decomisadas grandes cantidades de dinero
en metálico, además de oro, plata y joyas, animales de granja, cosechas,
enseres de todo tipo, terrenos, inmuebles… y el volumen total de lo expropiado
aún nos es desconocido. Todos estos procesos, que se alargaron hasta bien
entrados los años 40, tuvieron para Huelva efectos desastrosos, llegando a
comprometer el posterior desarrollo económico provincial, y sus consecuencias
se arrastran incluso hasta hoy.
Este libro pretende hablar de todo ello. Siempre en busca del máximo rigor, su
autor utiliza fuentes documentales puestas recientemente a disposición de los
investigadores en archivos provinciales y nacionales, además de un buen número
de memorias personales y testimonios orales de víctimas y familiares, muchos de
los cuales ven la luz por primera vez en el presente trabajo. De esta forma, se
ha construido un relato fidedigno de los terribles sucesos que tuvieron lugar
en Huelva hace ya más de tres cuartos de siglo, pero de los que sólo hasta hace
relativamente poco se ha empezado a debatir. Todo para tratar de poner fin a
tantas décadas de olvido impuesto o autoimpuesto, y ayudar a difundir el
conocimiento de nuestro pasado entre las viejas y nuevas generaciones, pues sin
ello será imposible impedir que hechos tan traumáticos como éstos vuelvan a
ocurrir.
Pedro Feria
Vázquez (Huelva, 1976)
estudió Historia en la universidad onubense, donde se doctoró en 2013, y donde
también ha ejercido como docente. Ha participado en diversos proyectos de
investigación sobre historia reciente de Andalucía, impartido conferencias en
varios países y publicado numerosos artículos en revistas de ámbito local,
regional y nacional sobre temas relacionados con la Guerra Civil, el Franquismo
y la Transición. En 2009 salió su primer libro, Protagonistas del cambio
político, sobre el proceso de transición a la democracia en la ciudad de Huelva.
Ésta es su segunda obra, que recoge los resultados de su investigación sobre el
Tribunal de Responsabilidades Políticas en Huelva, y que constituyó su tesis
doctoral, calificada con sobresaliente cum laude.
ÍNDICE
PRESENTACIÓN ..........................................................................................................
6
Estado de la cuestión
...................................................................................................
9
Metodología y fuentes ...............................................................................................
11
Dificultades................................................................................................................
12
Capítulo 1
LA GUERRA CIVIL EN HUELVA (I): ANTECEDENTES
POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
..................................................................................
15
4.1 Huelva a principios del siglo XX
........................................................................ 15
4.2 Los años republicanos .........................................................................................
23
4.3 El golpe de estado y los “Días rojos”
.................................................................. 47
Capítulo 2
LA GUERRA CIVIL EN HUELVA (II): LA
REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA TRAS
EL 18 DE
JULIO..........................................................................................................
52
5.1 La tentación fascista: reordenación legislativa, militarismo y
corporativismo..............................................................................................................
52
5.2 Financiando el Golpe: Suscripciones, cuestaciones, donativos y
multas
...........................................................................................................................
76
Capítulo 3
LOS PROCESOS DE INCAUTACIÓN DE BIENES DURANTE
LOS AÑOS DE
GUERRA...........................................................................................
97
6.1 Las confiscaciones “espontáneas”.......................................................................
97
6.2 Los Edictos de Confiscación de
Bienes............................................................. 123
6.3 La actuación de la Comisión Provincial de Incautaciones
................................ 139
6.4 Consecuencias humanas de las confiscaciones
................................................. 145
Capítulo 4
LAS INCAUTACIONES DE POSGUERRA. LA LEY DE
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
.....................................................................
152
7.1 Situación socioeconómica de la Huelva de la
posguerra................................... 152
7.1.1 Hambre y racionamiento
.............................................................................
152
7.1.2 Estraperlo y contrabando.............................................................................
172
7.2 La discriminación social de los vencidos
.......................................................... 191
7.2.1 Represalias laborales y Depuraciones .........................................................
191
7.2.2 Prisiones y trabajos forzados
....................................................................... 207
7.3 El Tribunal de Responsabilidades Políticas
...................................................... 229
7.3.1
Características..............................................................................................
229
7.3.2 La actuación del TRP en la provincia de Huelva
........................................ 238
7.4 El proceso de devolución...................................................................................
263
CONCLUSIONES......................................................................................................
271
ANEXOS....................................................................................................................
278
LISTA DE TABLAS, MAPAS Y GRÁFICOS
......................................................... 296
SIGLAS MÁS
UTILIZADAS....................................................................................
299
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
DOCUMENTALES................................................ 300
_____________________________________________________________________
Cazarabet
c/ Santa Lucía, 53
44564 - Mas de las Matas (Teruel)
Tlfs. 978849970 - 686110069