La
Librería de Cazarabet Indignado
Cazarabet conversa con... Carles Ramió, autor de “La
renovación de la función pública. Estrategias para frenar la corrupción
política en España” (La Catarata)
Un libro sobre la lacra que
carcome a la democracia de este país, la corrupción entre la clase
política.
Un libro de Carles Ramió
que muestra estrategias para frenar la corrupción política en España.
En tres capítulos, más una introducción
el autor nos adentra en el mundo de la corrupción política, en el nudo y en los
desenlaces para poner sobre la mesa todo un abanico de propuestas para
regenerar la escena política e institucional
El autor, con todo lo que ha caído y
está cayendo, concluye que la situación tiene arreglo.
Lo que nos dice Los Libros de La
Catarata:
El objetivo de este libro es presentar
un conjunto de propuestas para la regeneración del sistema político e
institucional que puedan contribuir a frenar la dinámica de corrupción en la
que se ha sumido el país durante las tres últimas décadas. Pero previamente
este ensayo realiza un trepidante análisis, con múltiples ejemplos, de las
diversas prácticas corruptas impulsadas por políticos y empresarios con la
colaboración, entre activa y pasiva, de los sindicatos, los medios de comunicación
y de amplios sectores sociales. Una de las conclusiones es que las
instituciones y los empleados públicos no han querido participar de la cultura
de la corrupción y esto supone una magnífica palanca de cambio para que las
propuestas presentadas en el libro puedan tener un impacto rápido y positivo y
atajar en un porcentaje muy elevado de las dinámicas de corrupción acontecidas
hasta ahora. Estas son las tareas que tenemos por delante para frenar, de una
vez por todas, el saqueo público.
Sobre el autor, Carles Ramió:
Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Pompeu Fabra, institución de la que ha sido vicerrector y decano.
Ha sido director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y
presidente del Consorcio de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua). Es autor de diecinueve libros y más de ciento
cincuenta artículos y capítulos de libro de carácter científico. Ha impartido
cursos y conferencias en numerosas universidades e instituciones nacionales e
internacionales entre las que destacan Harvard y el MIT.
Cazarabet conversa con Carles Ramió:
-Bien,
amigo, sí la corrupción siempre ha estado ahí, pero no por eso…debamos de
“conformarnos”…
-Sin duda no hay que conformarse. Justo
al contrario la intención del libro es dejar constancia que hay mecanismos para
situar a la corrupción en un plano bastante residual. La mitad del libro hace
un diagnóstico del fenómeno de la corrupción pero la otra mitad del libro
presenta un conjunto de propuestas no tanto para erradicarla del todo pero si
para dejarla en una posición marginal y dejar de lado las actuales dinámicas de
corrupción sistémicas y sistemáticas.
-Quizás si ante el
mínimo movimiento se hubiese llamado la atención y dado “los toques
pertinentes” nunca se hubiese llegado a la situación que hoy tenemos entre pies
y que estalla cada día en un aso, al menos, nuevo…
-Es totalmente cierto que en España
durante los últimos treinta años han fallado muchos correctores de la
corrupción y los que yo denomino anclajes institucionales para frenar o evitar
la corrupción. Es obvio que los máximos protagonistas de la corrupción han sido
los partidos políticos, algunos políticos que han actuado por su cuenta y
riesgo y las empresas contratistas de las administraciones públicas. Pero han
fallado los sindicatos que no han denunciado los casos de corrupción que han
observado sin ningún tipo de dudas. Han fallado los medios de comunicación que
han estado ausentes del debate (caso de Cataluña) o han participado en el mismo
como hooligans de determinadas formaciones políticas perdiendo con ello
credibilidad. Han fallado los controles internos (interventores, etc.) y los
controles externos (Tribunal de Cuentas, fiscalía, judicatura, etc.).
-El ciudadano normal
o corriente, sea cual sea su rol en la sociedad ante un caso de corrupción
deberá asumir que debe de dar un paso adelante y denunciar..
-Claro que debe denunciar. De todos
modos, es muy difícil que un ciudadano corriente se encuentre de narices con un
caso de corrupción. Puede intuirlo por informaciones difusas pero difícilmente
tendrá las pruebas para denunciar con fundamento. Lo usual es que sean los
empleados públicos o responsables de empresas contratistas los que puedan
observar casos de corrupción. El problema aquí es que un empleado público que
detecte un caso de corrupción no puede, en la práctica, denunciarlo. Solo
algunos pocos lo han hecho y han sufrido acoso por parte de la justicia ya que
en España no existe la figura del delator y no existe ningún tipo de protección
por estos denunciantes. Denunciar un caso de corrupción por parte de un
empleado público implica que tiene que litigar con todo el aparato jurídico de
las propias administraciones, en manos de los titulares políticos, que le
acusan de utilizar información confidencial. Un denunciante empleado público es
cesado de sus responsabilidades y marginado en su Administración. Y es
marginado de por vida ya que cuando cambian las tornas políticas y entra un
nuevo equipo de gobierno lo perciben como un “chivato” y un desleal. A los
empleados públicos se les puede exigir que sean éticos, neutrales y que cumplan
las normas. Pero jamás se les puede exigir que sean héroes y mucho menos que
sean mártires. Nuestro sistema institucional obliga que los denunciantes sean
mártires. Igual les podría ocurrir a los empresarios denunciantes.
-Pero ¿cómo y de qué
manera, teniendo en cuenta que la justicia está algo más que atascada?
-Siempre se ha afirmado que una
justicia lenta no puede hacer realmente justicia. La corrupción se ha
beneficiado al máximo de la lentitud exasperante de la justicia. No es problema
de los jueces sino precisamente el problema es la falta de jueces, de fiscales,
de inspectores de hacienda, de policías especializados en delitos económicos…
En todos estos efectivos España posee menos de la mitad que los países más
avanzados de nuestro entorno. Parece evidente que a los partidos políticos que
nos han gobernado les ha parecido bien y oportuna esta falta de fortaleza de
los perseguidores y justicieros de la corrupción. Es obvio que para un
potencial denunciante la lentitud de la justicia y algunas injustificadas
garantías son un aliciente más para no denunciar.
-Aunque voy a hacerte
una reflexión muchos de nosotros, según en qué hayamos trabajado ya hemos visto
muchas cosas que nos han levantado muchas sospechas… ¿Cuándo pasar a la acción?
Porque
yo como ciudadana responsable no puedo ir con sospechas a depositar una
denuncia, debo ir con pruebas, con hechos y, si puede ser, no sola…
-Reitero que
pasar a la acción es presentar una denuncia a la Justicia. Pero como se ha
visto en las respuestas anteriores esto se ha hecho muy difícil para los
ciudadanos. Pero pasar a la acción es también utilizar las redes sociales,
exponer las sospechas, hacer preguntas, contactar con los medios de
comunicación, etc. Hay que hacer cualquier cosa salvo estar inertes. En todo
caso lo difícil es que un ciudadano posea más que sospechas y obtenga algún
tipo de indicio. Las sospechas son difusas y muchas veces injustas. No hay que
confundir fundadas sospechas con rumores más o menos interesados.
-¿Por qué se corrompe
la gente, el sistema político y con ello casi que todo un país viva encima de
una especie de barca a la deriva?
-La corrupción es un fenómeno humano,
es un fenómeno universal. Los españoles somos tan corruptos (o tan poco) como
los suecos o los latinoamericanos. Los suecos (políticos, empresarios y
ciudadanos) son menos corruptos en la práctica que nosotros porque poseen unos
correctores institucionales que arrinconan al máximo la corrupción. Esta es la
clave del éxito y del fracaso tal y como dice el libro de economía de moda de Acemoglu y Robinson (2015) Por qué fracasan los países
(Ediciones Deusto). La clave estriba en el refinamiento de los diseños
institucionales. En España han fallado estos resortes y han facilitado la
corrupción política, empresarial y también la corrupción social. España es
socialmente bastante corrupta pero ello se debe a que no ha sido perseguida de
forma contundente (por ejemplo con el impago del IVA y de otros impuestos),
cuando se persiguen cambian las pautas sociales y, al final, la sociedad se autorregula y ya no es tan corrupta.
Me gusta poner aquí el símil de la
disciplina en el tránsito. Hace dos décadas la gente era bastante laxa en temas
de conducción, por ejemplo no era problema ir un poco bebido y conducir. Pero
hace años que las autoridades persiguen con dureza estos comportamientos y
ahora es la propia sociedad que ve con muy malos ojos cuando alguien quiere
conducir cuando ha bebido (y muchas veces lo impiden). Lo mismo sucedería con
la corrupción si se persiguiera a todos los niveles, empezando por las élites
políticas y económicas. Si no se persigue entonces facilita lo que para mí es
una gran impostura socia: “para que voy a pagar yo mis impuestos si los
políticos roban y quedan impunes.”
-Las
causas son las mismas aquí, en España, que, por ejemplo en cualquier otro país
de la Europa más acomodada…
-En efecto, el fenómeno de la corrupción
en España es bastante parecido a los países más avanzados de nuestro entorno.
Se trata de una corrupción política, derivada de problemas de financiación de
los partidos políticos y del punto de encuentro entre los políticos en el
gobierno con las empresas contratistas. Lo que sucede en España sucede también
fuera. En mi estudio me impresionó la agudeza del fenómeno de la corrupción en
Europa. A mí, por ejemplo, ya no me sorprendieron los casos de Volkswagen o del
Deutsche Bank. La Unión Europea mediante el eurobarómetro
lo mide todo y en los indicadores de corrupción las medias en Europa oscilaban
entre el 40 y el 60% de casos de corrupción en las grandes empresas y en los
contratos de la Administración pública. En España, por la falta de disciplina
institucional y de relajación política y social está en estos indicadores entre
20 y 30 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Europa está muy mal
pero España mucho peor.
-El paso más allá
¿qué es? ¿la mafia a pie de calle?
-A tanto no hemos llegado,
afortunadamente. Por ejemplo, todavía no hay documentado ningún asesinato
derivado de los casos de corrupción. Me consta que amenazas de muerte las ha
habido pero no han llegado a implementarse. En Italia, Japón o América Latina
sí que ha sucedido.
-¿Cómo se puede
solucionar esto?. ¿Qué medidas hay que tomar, ya y de
manera urgente?
-En mi libro hay una panoplia de
medidas desde políticas, institucionales, sociales, etc.
Un exhaustivo elenco de medidas se
propone de un modo sistemático y justificado normativamente. Se trata de
veinticinco proposiciones que se emplazan para el discernimiento del lector:
(1) Cambio de la Ley Electoral por otra más proporcional; (2) Mejora de la
financiación pública de los partidos políticos, reduciendo las aportaciones
privadas; (3) Transparencia y rendición de cuentas total de los partidos
políticos y de los sindicatos como si fueran administraciones públicas; (4)
Incremento de las retribuciones de los políticos que ocupan cargos
institucionales; (5) Supresión de gastos protocolarios y establecimiento de un
sistema riguroso de vigilancia; (6) Creación de comisiones de supervisión de
los cargos políticos; (7) Relevo de los máximos líderes políticos de los
partidos tradicionales y reconocimiento público de sus casos de corrupción; (8)
Incremento de recursos para fortalecer al poder legislativo; (9)
Despolitización de los órganos superiores del poder judicial; (10) Mejoras
procesales y aumento de recursos en la persecución de la corrupción; (11)
Diseño de una agencia pública independiente de vigilancia y control de todas
las contrataciones del sector público; (12) Publicación de las agendas públicas
y privadas de los cargos públicos; (13) Creación de una agencia independiente
de defensa de los consumidores de servicios universales de interés general;
(14) Información clara y transparente de los gastos públicos; (15) Evaluación
efectiva de las políticas públicas; (16) Puesta en vigor de contabilidad
analítica para cálculo y comunicación de costes reales de las diferentes actividades
y servicios públicos; (17) Dotación de sistemas de información que permitan
cruzar bases de datos; (18) Publicitación los sistemas internos de información
a los ciudadanos y los intermediarios sociales (open data): (19) Uso
institucional del big data para dotar
de más inteligencia prospectiva y calidad de gestión a la administración
pública; (20) Asegurar la independencia profesional de los agentes públicos
relacionados con la corrupción; (21) Incremento del volumen de empleados
públicos hasta alcanzar la media de la Unión Europea en jueces, fiscales,
inspectores de Hacienda y policías especializados en corrupción; (22)
Establecimiento de sistemas de protección de la figura del delator; (23)
Mejores tecnológicas de mecanismos de control internos y externos sin exceso de
burocracia; (24) Mecanismos institucionales y administrativos que aseguren el
acceso de personal a las instituciones públicas bajo los principios de
igualdad, capacidad y mérito; (25) Regulación de la dirección pública
profesional para garantizar la calidad de los nombramientos de estos directivos
y su protección frente a ceses partidistas o arbitrarios.
-¿Y a medio plazo?
-Más de la mitad de las medidas se
podrían aplicar no a medio plazo sino a muy corto plazo (unos pocos meses).
-Hablamos mucho de Comisiones y de Secretarias de Estado
Anticorrupción, pero menos o con la boca pequeña de transparencia y quizás en
esta práctica estuviese parte de la prevención. Porque, presumo que en la
prevención (como si se tratase de un tema de salud) está buena parte de “la
cura”.
-Lo de crear una Secretaria de Estado
Anticorrupción no me parece una buena idea. Hay que hacer ya lo que he
propuesto en el último apartado y dejarse de crear más burocracia y más
cargos.
En efecto hace falta
más transparencia, rendición de cuentas y evaluación: los especialistas en gestión pública se equivocaron cuando
nos afirmaban que la mejor vía para lograr la legitimidad social de nuestras
administraciones públicas era por la vía de prestar mejores servicios públicos
de manera más eficiente. Resulta que durante los últimos años, hemos logrado
prestar mejores servicios pero esta legitimidad sigue sin producirse y cada vez
hay más desencuentro entre nuestras instituciones y la sociedad (el caso de
España es espectacular en este sentido y representa una pésima lección sobre la
que hay que aprender). A mi entender la legitimidad social de las
administraciones públicas solo se logra si somos transparentes a la hora de
tomar decisiones y de gastar el dinero público y, además, si prestamos
servicios de calidad y de forma eficiente. Eficacia y eficiencia sin
transparencia no logran por si mismas la legitimación
social. A pesar que la mayoría de los países de la región poseen leyes de
transparencia una cosa son las leyes y otra la práctica real. Seguimos
ocultando a la ciudadanía como tomamos las decisiones y como gestionamos.
Operamos las administraciones públicas como sociedades secretas. ¿Qué pueden
observar los ciudadanos del sistema público? La respuesta es que los ciudadanos
solo perciben las entradas y las salidas del sistema público pero no lo que se
hace dentro del mismo. Pueden ver las entradas o insumos: votos que se
convierten en presidentes y en equipos de gobierno y los ingentes recursos
económicos que acceden a las arcas públicas procedentes de los impuestos
directos e indirectos. Y también pueden percibir las salidas o resultados: gran
variedad de servicios públicos cada vez más afinados, de calidad y eficientes.
Pero a la hora de gestionar el sistema ponemos una enorme y opaca cortina para
que no nos vean. Y claro si nos ocultamos cuando gestionamos, los ciudadanos
consideran que tenemos motivos profundos para hacerlo y sospechan que tenemos
prácticas clientelares generalizadas (que es cierto en términos generales) y
que la corrupción es la norma predominante (que no es cierto de forma global
aunque sí que existe todavía en exceso). Por transparencia no hay que
entender webs específicas para ello ni una mayor divulgación sobre lo que se
hace, que a veces está excesivamente emparentado con el marketing
institucional. Por transparencia hay que entender proporcionar información
clara sobre cómo se toman las decisiones y cuáles son sus motivaciones. Y,
especialmente, al ciudadano le preocupa el destino de hasta el último peso, sol
o dólar de dinero público. Y para que el ciudadano sepa el destino exacto
de los recursos económicos públicos de nada sirve la publicidad de los
presupuestos, que siempre han sido públicos pero que son incomprensibles,
incluso con ojos de experto, y de nada sirve detallar el nivel de ejecución del
presupuesto en cada momento ya que es una información sobre algo que no es
entendible y, por lo tanto, prescindible. El ciudadano quiere saber temas de
detalle que le generan curiosidad y que es una forma intuitiva de hacer control
cívico por la vía del muestreo. Quieren saber, por ejemplo, lo que se ha
gastado un organismo público en la retribución de un ponente, en una copa
de vino de honor o en una comida institucional. Es curioso pero en los países
con tradición en la rendición de cuentas han desaparecido un conjunto de
convenciones que en nuestro contexto nos parecen legítimas (agasajos, comidas
de trabajo, etc.) que no tienen nada de disfuncional pero que son rechazadas
por una parte importante de la ciudadanía. Si esto sucede con estas inofensivas
convenciones es fácilmente imaginable como una estricta rendición de cuentas
económica desmontaría la mayoría de las prácticas corruptas que asolan a
nuestras instituciones. Y para redondear este ámbito también es necesaria la
evaluación de las políticas públicas de forma totalmente transparente. En los
países latinos nos encanta hablar de evaluación pero llevarlo a la práctica de
forma aislada, no constante ni estructural. Todo son pruebas piloto bajo el
benemérito objetivo de instaurar de forma incremental la denominada cultura de
la evaluación. Evaluar de forma sistemática y estructural es difícil y, a día
de hoy, solo lo han logrado algunos pocos países entre los más desarrollados.
El resto evalúan mucho pero no todas las políticas y siempre. Alcanzar la
cultura de la evaluación es una utopía en la que, en mi opinión, no hay que
perder más tiempo. Solo se evaluarán de verdad las políticas públicas si hay
una obligación legal y política (y por lo tanto una obligación institucional).
Para ello es imprescindible que las leyes obliguen de oficio a destinar una
parte razonable del presupuesto a la evaluación de cualquier política o
iniciativa pública. Además, el poder legislativo debe tener una institución
propia especializada en evaluar (obviamente por muestreo) las políticas
públicas del gobierno. Si el gobierno sabe que puede ser objeto de escrutinio
por parte del Parlamento, el Presidente va a poseer una oficina de evaluación
de las políticas públicas impulsadas por su gobierno. Y, finalmente, las
distintas instancias administrativas ya se van a encargar de evaluar
previamente sus iniciativas para poder estar en perfecto estado de revista ante
futuros análisis del Presidente y del Parlamento. Se trata de aprovechar, ni
más ni menos, unos de los principios que funcionan mejor en la Administración
pública: la jerarquía, a la que hay que añadir el cumplimiento de las reglas
formales.
-Estos días de
verdadero “tablero de ajedrez” se está hablando mucho del contenido, pero, por
desgracia y a mi parecer, muy poco de los contenidos y de las conversaciones de
partidos para ver quién será el que, de alguna manera, lleve las riendas de un
nuevo Estado… Así, por ejemplo, cuando hay alguna propuesta todos, partidarios
y detractores, a veces sin leerlas se tiran encima de las mismas para
encumbrarlas o despedazarlas, pero al margen de eso… Mira, la formación Podemos
ha señalado que proponía una Secretaría de Estado para luchar contra la corrupción,
con el ex juez Yllanes en ella. Bien, creo que es
necesario que desde el ejecutivo se activen políticas contra la corrupción y se
esté impasible frente a la misma, aunque lo que hay que hacer, ya y
urgentemente, es dar y proporcionar todos los medios a la policía,
investigadores, y a la judicatura…para que actúen con efectividad, pero también
con premura frente a esta carcoma… ¿Qué nos puedes comentar cuándo se ataca,
por ejemplo , a esta formación aduciendo que los políticos no pueden establecer
“decálogos de lucha” contra la corrupción política?; pero me pregunto: ¿bien
alguien y desde el ejecutivo tendrá que concretar ciertas políticas que se
establezcan y que vayan marcando camino?
-(creo que ya la he contestado)
-Otra cosa es que las
diferentes formaciones establezcan y pongan sobre la mesa y a la práctica
códigos éticos que se vean reflejados mucho más allá: con la limitación de
cargos, de sueldos, lo de las puertas giratorias, etc…
-En efecto yo dedico bastantes páginas
de mi libro ha hablar de lo que yo denomino corrupción de baja intensidad
derivada de los bajos sueldos de algunos cargos políticos, tema que cuesta que
entiendan los ciudadanos y que es objeto de demagogia constante. También dedico
bastante espacio a las potenciales incompatibilidades y a las puertas
giratorias. Este último es un problema muy grave y escandaloso pero que hay que
saber parametrizar y regular muy bien ya que no
podemos dejar sin futuro profesional a nuestros políticos pero, en cambio, hay
que impedir situaciones muy descaradas que han sucedido últimamente. En todo
caso merece una reflexión amplia, serena y rigurosa ya que es un tema muy
proceloso.
22357
La renovación de la
función pública. Estrategias para frenar la corrupción política en España. Carles Ramió
192 páginas 13,5 x 21 cms.
16.50 euros
La Catarata
El objetivo de este libro es
presentar un conjunto de propuestas para la regeneración del sistema político e
institucional que puedan contribuir a frenar la dinámica de corrupción en la
que se ha sumido el país durante las tres últimas décadas. Pero previamente
este ensayo realiza un trepidante análisis, con múltiples ejemplos, de las
diversas prácticas corruptas impulsadas por políticos y empresarios con la
colaboración, entre activa y pasiva, de los sindicatos, los medios de
comunicación y de amplios sectores sociales. Una de las conclusiones es que las
instituciones y los empleados públicos no han querido participar de la cultura
de la corrupción y esto supone una magnífica palanca de cambio para que las
propuestas presentadas en el libro puedan tener un impacto rápido y positivo y
atajar en un porcentaje muy elevado de las dinámicas de corrupción acontecidas
hasta ahora. Estas son las tareas que tenemos por delante para frenar, de una
vez por todas, el saqueo público.
Carles Ramió
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, institución de la
que ha sido vicerrector y decano. Ha sido director de la Escuela de
Administración Pública de Cataluña y presidente del Consorcio de Evaluación de
Políticas Públicas (Ivàlua). Es autor de diecinueve
libros y más de ciento cincuenta artículos y capítulos de libro de carácter
científico. Ha impartido cursos y conferencias en numerosas universidades e
instituciones nacionales e internacionales entre las que destacan Harvard y el
MIT.
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