La
Librería de El Sueño Igualitario
Estamos
ante un libro crucial, ustedes dirán ¿Qué va a decir esta librera metida a
“comentadora freelance” de libros?, pues digo la verdad
porque lo último que quiero es tener entre los estantes difusores libros de
paja, de los de poco peso….en esta casa nos
gustan los libros que den de qué pensar y que hagan reflexionar y
hablar…..lecturas que nos sumerjan en una tertulia, que nos inquieten y que
levanten las preguntas. .Creo que estas son las premisas que tiene Comares y que hace
que todo lo que publica y edita tiene un peso bestial. De ello les doy fe y más
ante el presente libro porque es un trabajo descomunal y creo que no nos pasamos
con el calificativo. Eduardo González Calleja se acerca a la autoridad y a cómo
esta se ha ido “aplicando”( fíjense que he puesto comillas) , a cómo ésta ha
sido “recibida”;m por quién se ha aplicado y bajo qué parámetros ésta se
aplica. Autoridad, un nombre común del que muchos huyen y al que unos se
acercan como por casualidad, pero que siempre impone.
Eduardo
González Calleja, analiza mucho más que esto que les decía porque se acerca a
quiénes aplicaban, por activa y pasiva, la autoridad…Se acerca también al orden
público (más de lo mismo), a los diferentes cuerpos que la aplicaban desde la
Guardia Civil a los Carabineros, pasando por la Guardia de Asalto…y hace todo
esto siguiendo un solo hilo, el de la historia más contemporánea. La autoridad es un tema muy recurrente en la
historia de España, y más en este tramo más reciente de la misma porque, el uso
de la autoridad tiene mucho qué decir desde cómo ésta era concebida, a cómo era
usada o hasta cómo era y se abusaba de la misma. Un libro y una temática muy
bien desmembrada que invita a la
lectura, pero que más aún invita a la reflexión y a tener , entre nosotros, un
libro interesantísimo de consulta que nos desvela el paso de la autoridad por
un tiempos, sus gentes y su país.
Lo que nos dice la Editorial Comares:
Analizar la evolución de los conceptos políticos y su
función social en cada momento histórico es un saludable modo de relativizar
alguno de los grandes mitos constitutivos de cualquier comunidad política. Al
igual que la idea de «democracia» (que en los años treinta no era un valor
absoluto, sino un concepto en crisis, que tenía un carácter provisorio e
instrumental para buena parte de los partidos de derecha e izquierda, y quedó
subordinada a otros términos, como los de república, reforma o revolución) , la
noción de «orden público» también tiene su propia genealogía y su particular
campo semántico, que nos retrotrae al siglo XVIII, cuando el Estado logró
erigirse en el monopolizador de la violencia legal según la clásica teoría hobbesiana. El instrumento fundamental del orden público
era la «fuerza pública», término procedente de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 , y que sirve para designar a fuerzas
especializadas en los menesteres de salvaguardia interna del orden
sociopolítico, bajo la directa dependencia del Estado y que veían limitada su
actuación por las leyes vigentes, a diferencia de las fuerzas armadas del
Antiguo Régimen, que operaban de forma más o menos autónoma e indiscriminada.
El término tuvo un recorrido histórico específico en España. Con el régimen
liberal comenzaron a cristalizar una serie de procesos estrechamente ligados al
desarrollo del capitalismo. Uno de ellos fue la estructuración de la sociedad
entera a partir del funcionamiento de una serie compleja de dispositivos de
vigilancia, moralización e individualización, que tenían como fin el
mantenimiento del orden social establecido. El desarrollo práctico del concepto
de «orden social» por el conservadurismo del siglo XIX marcó los límites del alcance
transformador del ciclo revolucionario liberal-burgués que en España hacemos
arrancar convencionalmente de 1812 y finalizar en 1875. La defensa de un orden
social que era considerado como natural, inmutable e indiscutible, que debía
ser mantenido a toda costa y por todos los medios a disposición del poder
político, incluidos los violentos, era una actitud más inmovilista que
regresiva, que no admitía variaciones sustanciales en lo social (con la
primacía de los sectores de la gran burguesía y de la nobleza que aceptaban las
consecuencias del individualismo liberal y de la desigualdad natural inherente
al organicismo de cuño católico), en lo político (con el establecimiento de un
régimen liberal parlamentario de sufragio restringido y con la potenciación del
papel de la Corona, de la Cámara Alta y de la Administración militar sobre la
civil), y en lo económico, con la asunción del sistema de propiedad personal,
libre y plena, lo que implicaba aceptar las desiguales relaciones sociales que
llevaba anejo el capitalismo.
Cazarabet conversa con Eduardo González Calleja.
- Eduardo, “en nombre de la
autoridad” en la historia contemporánea española… ¿cuántos derechos humanos y
sociales hemos podido llegar a perder?
-La sociología Histórica ha destacado hace mucho tiempo que
el Estado es el más importante gestor de la violencia, y por tanto el más
importante y persistente conculcador de los derechos humanos, incluidos los más
elementales, como la vida o la libertad. De modo que en nombre de la autoridad,
incluso en situaciones democráticas, el Estado ha violado, coyuntural o
permanentemente, los derechos que se garantizan en los textos constitucionales.
-Analizas en este libro, que
te edita Comares, el comportamiento de la autoridad
desde el comienzo de la II República y hasta el alzamiento contra ella, en
julio del 36. Vamos a ver, ¿nos puedes explicar qué diferencias había entre el
comportamiento de la autoridad en los gobiernos de izquierdas de la II
República y los de la derecha, los del denominado Bienio Negro?
-En esencia, los gobiernos de derecha mantuvieron las
garantías constitucionales suspensas con mayor asiduidad, y devolvieron a los
cuerpos militares (Ejército y Guardia Civil) buena parte de las competencias y
jurisdicciones que habían tenido antes de 1931. También militarizaron
gradualmente el Cuerpo de Seguridad y Asalto.
-El imponer la autoridad, desde la perspectiva de la
militarización, ¿por qué crees que establece un primer eslabón de
errores?….pero eso ya era un mal muy antiguo…
-La militarización del orden público impone, a mi juicio
dos principios erróneos: el de la represión desproporcionada con respecto a la
entidad de la amenaza para el orden público y la imposición de una jurisdicción
castrense mucho más estricta y menos garantista para este tipo de delitos.
- ¿Qué “autoridad” se
encuentra la II República a la que poder echar mano para poder hacer
frente a mantener el orden público?
-En realidad, la autoridad gubernativa (ministros,
gobernadores civiles) procedía en buena
medida de las filas del propio régimen republicano, pero sus agentes (policías,
guardias, militares…) formaban parte de instituciones de la Monarquía, con una
cultura corporativa poco o nada democrática.
-La palabra autoridad es que,
solo y por si sola, ya impone ¿por qué crees que es así?
-Porque en la cultura política
española no se ha impuesto la imagen del servidor público que responde a las
demandas de los ciudadanos, sino el agente del Estado que ejerce un poder
omnímodo y en ocasiones arbitrario.
- La Guardia Civil arrastraba
ya cierta reputación en la II República de ser desmesuradamente dura y los
prejuicios entre los políticos que asumieron los tiempos de la II
República y los mandos de la Guardia Civil debieron de ser inevitables…cuéntanos
cómo fue esa especie de “encuentro”.
-En “encuentro” fue
inevitablemente conflictivo. Aunque en el gobierno hubo políticos dispuestos a
dar un crédito de confianza a la Guardia Civil, éste se agitó en buena medida
tras los sucesos de Yeste y el diez de agosto de
1932. A escala local, las suspicacias entre la Benemérita y el poder municipal
republicano y socialista alimentaron constantes conflictos, que se agravaron
durante el segundo bienio.
-¿Y cómo fue “el encuentro” con los que debían de mantener
la autoridad en las ciudades, los guardias de asalto y sus mandos?
-En el ámbito urbano la
hostilidad fue más matizada, ya que la Guardia de Asalto era una sección del
Cuerpo de Seguridad de nueva planta y espíritu republicano, pero parte de sus
mandos tenían una experiencia colonial que les inclinaba al exceso represor.
Con todo, protagonizó importantes sucesos violentos contra los anarquistas en
1931-1933 o los socialistas en octubre de 1934.
-Explícanos Eduardo, antes de
seguir adelante, ¿cómo era en aquellos tiempos que analizas en el
libro la vertebración del orden: la Guardia Civil en las zonas rurales, la
Guardia de Asalto en las urbes…?. Cuéntanos.
-La Guardia Civil estaba presente en las poblaciones de
menos de 10.000 habitantes, y el Cuerpo de Seguridad (con secciones de Asalto)
en las grandes ciudades (Madrid, Bilbao, Sevilla), Valencia,
Zaragoza, La Coruña, Málaga, Oviedo, Badajoz, Valladolid, Murcia y Barcelona). Existía también un Tercio Móvil de la Benemérita que
acudía allí donde hubiera problemas de orden público, y lo mismo sucedía con
algunas compañías de Asalto, que podían operar en los pueblos desde su
acantonamiento en las capitales de provincia.
-Cuéntanos, ¿cómo,
de qué manera y qué fue el Cuerpo de Carabineros?
-El Cuerpo de Carabineros guardaba fronteras y costas, y
sus principales cometidos eran la gestión aduanera y la lucha contra el
contrabando. No efectuaban misiones cotidianas de defensa del orden público.
-¿Hasta qué punto
acontecimientos como el de Casas Viejas en el que interviene la Guardia Civil
enmarañó cierto respeto que puede tener toda población por cierto orden y
autoridad?
-En realidad, la parte mayor de la masacre de Casas Viejas
ha de asignarse a la Guardia de Asalto, cuyo prestigio de fuerza republicana
especializada en el control proporcional de las algaradas quedó muy malparado.
-La duda siempre se ha
interpuesto en las actitudes de la Guardia Civil, es como algo que todos
tenemos como asumido pero ¿hasta cuándo la lealtad estaba también, siempre, en
el punto de mira en aquellos tiempos?
-La “tradicional” lealtad de la Guardia Civil al Estado
debe relativizarse en perspectiva histórica transecular,
ya que protagonizó los asaltos al Parlamento de1874 (Pavía) y 1981(Tejero),
además del golpe de agosto de 1932 y buena parte del alzamiento de julio, que
triunfó de forma casi sistemática allí donde la Guardia Civil decidió apoyarlo.
Hay que decir que la lealtad de la Benemérita fue muy minoritaria en 1936, y declinaba
con la mayor o menor graduación de sus mandos.
- En Octubre del 34 se
produce la Revolución de Asturias y es, básicamente, el ejército, con Franco el
que la sofoca… ¿cómo crees que interfiere esto en el día a día vital de una
República (además muy incipiente), aunque quien gobernase entonces fuese la
derecha?
-En el
decurso histórico republicano, los sucesos de octubre de 1934 son
excepcionales, ya que produjeron
oficialmente no menos de 1.335 víctimas mortales, de ellas 1.084 en Asturias
esto es el, 43% de las muertes violentas del conjunto del periodo republicano.
Por la brutalidad de los enfrentamientos y el nivel de destrucción de vidas y
haciendas, resultó una coyuntura de la máxima trascendencia histórica, pero es
preciso hacer notar que la República sobrevivió a esta revolución y a los
conatos contrarrevolucionarios posteriores, y logró estabilizar y normalizar la
vida política lo suficiente como para que el Parlamento y otras instituciones
funcionaran sin sobresaltos, y pudieran convocarse elecciones libres en febrero
de 1936
-Los “sectores profesionales”
dedicados a la autoridad (por llamarlo de alguna forma) ¿hasta qué punto fueron
leales o no a la República? Destaca o comenta, por favor, qué cuerpo fue más
leal que otro y demás….
-Siguiendo el cómputo de oficiales y agentes que actuaron
en uno u otro bando en la guerra civil, el menos leal fue el Ejército y la
Guardia Civil (64% de sus jefes y oficiales apoyó el golpe), y el más leal el
cuerpo de Seguridad, donde se incluía la Guardia de Asalto. El Cuerpo de
Vigilancia (actual Cuerpo Superior de Policía) fue en buena parte desleal. Con
todo, al principio de la guerra civil, la República pudo
controlar las dos terceras partes de las fuerzas de Policía (en torno a 14.600
efectivos: 12.000 del Cuerpo de Seguridad y Asalto y 2.600 del Cuerpo de
Investigación y Vigilancia), frente a 7.300 agentes destinados en la España
sublevada: 6.000 policías uniformados y 1.300 de Investigación
-Cuando el Estado empieza a
cubrirse, como la estrategia de “la tortuga” que empleaban los centuriones de
las Legiones Romanas….¿no es un síntoma negativo para un estado democrático y
más si lleva la denominación de origen de República? O sea y dicho de otra
manera ¿No es mala señal que un Estado se blinde? (ten en cuenta esta cuestión
desde el punto de vista de encuadrarlo en el período que tu analizas en el
libro)
-En efecto, el “blindaje” de la República a través de
normas excepcionales (Ley de Defensa de octubre de 1931, Ley de Orden Público
de julio de 1933, Ley de Vagos y Maleantes de agosto de 1933, declaraciones del
estado de guerra o de prevención y alarma, etc.) fue muy nocivo para la
República, porque en vez de garantizar los derechos de los ciudadanos que
ejercían el legítimo derecho de protesta se optó por el mantenimiento del orden
a todo trance. Todo ello tuvo consecuencias nefastas para la legitimación de la
República, especialmente entra las masas trabajadoras que fueron la inmensa
mayoría de las víctimas de la violencia represiva perpetrada por el Estado.
-Tengo muy en la mente
aquellos años llamados del “pistolerismo”. ¿Qué de esto, qué parte de este
malestar heredó la República? ¿De qué parte de ese frío manto que era el
pistolerismo nunca se pudo librar la República?
-El pistolerismo sociolaboral
tuvo lugar sobre todo en Barcelona entre 1919 y 1923. Desapareció con la
Dictadura de Primo de Rivera, pero el anarquismo local lo resucitó durante la
República como modo de resistencia de los “grupos de acción” de la FAI contra
la política de negociación laboral de los gobiernos republicanos-socialistas y
como instrumento de lucha frente a los sindicatos rivales (sobre todo la UGT) y
la Patronal. Ese modo delincuencial de entender la actividad sindical se
mantendría hasta más allá de julio de 1936.
16363
En nombre de la
autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República Española
(1931-1936). Eduardo
González Calleja
376 páginas
26,00 euros
Comares
Analizar la evolución de los
conceptos políticos y su función social en cada momento histórico es un
saludable modo de relativizar alguno de los grandes mitos constitutivos de
cualquier comunidad política. Al igual que la idea de «democracia» (que en los
años treinta no era un valor absoluto, sino un concepto en crisis, que tenía un
carácter provisorio e instrumental para buena parte de los partidos de derecha
e izquierda, y quedó subordinada a otros términos, como los de república,
reforma o revolución) , la noción de «orden público» también tiene su propia
genealogía y su particular campo semántico, que nos retrotrae al siglo XVIII,
cuando el Estado logró erigirse en el monopolizador de la violencia legal según
la clásica teoría hobbesiana. El instrumento
fundamental del orden público era la «fuerza pública», término procedente de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 , y
que sirve para designar a fuerzas especializadas en los menesteres de
salvaguardia interna del orden sociopolítico, bajo la directa dependencia del
Estado y que veían limitada su actuación por las leyes vigentes, a diferencia
de las fuerzas armadas del Antiguo Régimen, que operaban de forma más o menos
autónoma e indiscriminada.
El término tuvo un recorrido histórico específico en España. Con el
régimen liberal comenzaron a cristalizar una serie de procesos estrechamente
ligados al desarrollo del capitalismo. Uno de ellos fue la estructuración de la
sociedad entera a partir del funcionamiento de una serie compleja de
dispositivos de vigilancia, moralización e individualización, que tenían como
fin el mantenimiento del orden social establecido. El desarrollo práctico del
concepto de «orden social» por el conservadurismo del siglo XIX marcó los
límites del alcance transformador del ciclo revolucionario liberal-burgués que
en España hacemos arrancar convencionalmente de 1812 y finalizar en 1875. La
defensa de un orden social que era considerado como natural, inmutable e
indiscutible, que debía ser mantenido a toda costa y por todos los medios a
disposición del poder político, incluidos los violentos, era una actitud más inmovilista
que regresiva, que no admitía variaciones sustanciales en lo social (con la
primacía de los sectores de la gran burguesía y de la nobleza que aceptaban las
consecuencias del individualismo liberal y de la desigualdad natural inherente
al organicismo de cuño católico), en lo político (con el establecimiento de un
régimen liberal parlamentario de sufragio restringido y con la potenciación del
papel de la Corona, de la Cámara Alta y de la Administración militar sobre la
civil), y en lo económico, con la asunción del sistema de propiedad personal,
libre y plena, lo que implicaba aceptar las desiguales relaciones sociales que
llevaba anejo el capitalismo.
INTRODUCCIÓN: Sobre el concepto de orden público y su evolución
1. LOS ANTECEDENTES: LA POLÍTICA DE ORDEN PÚBLICO DURANTE LA RESTAURACIÓN
1.1. El pecado original: la militarización del orden público
1.2. Los condicionamientos legales: la aplicación abusiva de
las medidas de excepción
1.3. La tortuosa modernización de la función policial
1.4. El deterioro del orden público en la crisis de la
Restauración
1.5. Reforzamiento y crisis de un sistema militarizado de
control colectivo: la Dictadura de Primo de Rivera
1.6. El derrumbe de la política de orden público y la caída
de la Monarquía
2. LAS INSTANCIAS Y LOS GESTORES DEL PODER GUBERNATIVO
2.1. La evolución de los servicios centrales del Ministerio
de la Gobernación: presupuestos y personal al mando
2.2. Los directores generales de Seguridad y los servicios
de coordinación e información
2.3. La clave del poder gubernativo: los gobernadores
civiles
2.4. La suerte de la República se juega en el campo: la
lucha en torno al poder local
3. LA SOMBRA DE CASTILBLANCO: EL PAPEL REPRESIVO Y LA DUDOSA LEALTAD DE LA
GUARDIA CIVIL
3.1. Una mentalidad ordenancista y a la defensiva
3.2. Entre Castilblanco y Arnedo: la polémica sobre la actuación represiva de la
Guardia Civil
3.3. La destitución de Sanjurjo, el 10 de agosto y la gran
reforma
3.4. La recuperación del favor oficial durante el bienio
radical-cedista
3.5. Reavivando los rencores: de Yeste
al 18 de julio
4. LA SOMBRA DE CASAS VIEJAS: LA GUARDIA DE ASALTO Y LAS TRANSFORMACIONES EN
LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
4.1. La efímera creación de una Guardia Cívica republicana
4.2. Al fin una policía moderna: la creación de la Guardia
de Asalto
4.3. El duro despertar: Casas Viejas y la brutalización de la acción policial
4.4. La militarización del Cuerpo de Seguridad
4.5. La escasa fiabilidad política del Cuerpo de
Investigación y Vigilancia
4.6. El dispositivo de orden público en Cataluña
5. DEFENDIENDO LA REPÚBLICA: LAS MEDIDAS LEGALES DE EXCEPCIÓN
5.1. La Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de
1931
5.2. La Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933
5.3. La penalización preventiva: la Ley de Vagos y Maleantes
de 4 de agosto de 1933
5.4. La limitación del derecho de asociación, el control de
las armas de fuego y la involución de los mecanismos procesales
6. EL ESTADO CONVERTIDO EN FORTÍN: EL ENDURECIMIENTO DE LA ACCIÓN REPRESIVA DE
LOS GOBIERNOS RADICAL-CEDISTAS
6.1. Martínez Barrio y la política de reforzamiento
preventivo de la autoridad gubernativa
6.2. Salazar Alonso o el triunfo de la represión
6.3. La revolución de octubre de 1934 y la culminación del
reforzamiento del poder estatal
6.4. La evolución de la delictividad
política y social
6.5. La militarización progresiva del orden público
7. LA CRISIS FINAL DE LOS RESORTES DEL ORDEN PÚBLICO EN LA PRIMAVERA DE 1936
7.1. Armados hasta los dientes: el cambio de signo en el
poder municipal
7.2. El recrudecimiento de la conflictividad sociolaboral
7.3. Las tentativas de depuración del Ejército, los cuerpos
policiales y la judicatura
7.4. La política preventiva y represiva de Casares Quiroga
de mayo a julio. Los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo
CONCLUSIONES: La dificultosa renovación y el uso inadecuado
de los medios coactivos del Estado
ANEXO: Cronología de los estados de excepción durante la
Segunda República (1931-1939)
SIGLAS
FUENTES
BIBLIOGRAFÍA
_____________________________________________________________________
LA LIBRERÍA DE CAZARABET - CASA SORO (Turismo cultural)
c/ Santa Lucía, 53
44564 - Mas de las Matas (Teruel)
Tlfs. 978849970 - 686110069